La asambleísta Mónica Palacios, de la Revolución Ciudadana, amplió sus denuncias en el caso del terreno municipal de La Libertad. Aseguró que Jenny Ramírez habría tramitado antes más de cincuenta hectáreas del Ministerio de Agricultura. La legisladora sostiene que esos hechos refuerzan la hipótesis de un esquema de presunto testaferrismo.
Palacios explicó que aún recopila información, debido a que todavía no se incorpora formalmente a la Asamblea Nacional por una suspensión. Indicó que varias personas le han entregado datos sobre supuestas adjudicaciones previas a nombre de Ramírez. Según sus declaraciones, se trataría de tierras rurales que habrían sido entregadas por el Ministerio de Agricultura.
La asambleísta afirmó que esas tierras habrían sido comunales y que Ramírez se habría presentado como comunera para acceder a ellas. Para Palacios, ese mecanismo muestra un uso irregular de personas de bajos recursos para conseguir tierras para terceras personas.
¿Otra suplantación de identidad? ¿O estamos frente a uno de los casos más escandalosos de testaferrismo, tráfico de tierras y lavado de activos dirigido desde las más altas esferas del gobierno de Daniel Noboa?, consulta textualmente.
Antecedentes del escándalo en Santa Elena
El caso estalló a finales de diciembre de 2025, cuando el Concejo Cantonal de La Libertad aprobó la venta directa de 93 hectáreas a nombre de Jenny Ramírez. El predio estaba valorado en alrededor de USD 2,7 millones. Ramírez presentó un proyecto agroturístico y de reforestación como respaldo de la compra.
Poco después surgieron dudas sobre la capacidad económica de la joven. Luego se supo que era una trabajadora. Ramírez denunció primero una supuesta suplantación de identidad.
Finalmente, Ramírez desistió formalmente de la compra lo que se valora como un cambio de postura y de versión. El 13 de enero de 2026, el Concejo Cantonal revocó por unanimidad la venta en una sesión extraordinaria. El predio volvió a manos del municipio tras el seguimiento de los medios de comunicación y fuertes reclamos ciudadanos.
Las denuncias de Mónica Palacios
La asambleísta Mónica Palacios sostiene que el caso no es aislado y que existiría una "triangulación perfecta" para ocultar a los verdaderos beneficiarios. La asambleísta apuntó a presuntos intereses de la familia Noboa en Santa Elena. También señaló una posible relación entre la familia de Ramírez y Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública.
Según Palacios, la madre de Jenny Ramírez trabaja como empleada doméstica en la casa de la familia de Gellibert. Esa cercanía, a criterio de la legisladora, genera sospechas de conflicto de intereses. La hipótesis es que Ramírez habría sido usada como "pantalla" para operaciones inmobiliarias.
Cynthia Gellibert rechazó esas acusaciones y las calificó como falsas y parte de un acoso político. La funcionaria denunció que la madre de 92 años fue abordada por Palacios frente a su vivienda. Además, advirtió que iniciará acciones legales si se afecta la salud de la adulta mayor.
La Fiscalía y el caso de Santa Elena
Tras la reversión de la venta, la Fiscalía mantiene abiertas varias denuncias presentadas por asambleístas de la Revolución Ciudadana y colectivos de abogados. Las acusaciones incluyen presunto testaferrismo, tráfico de influencias y falta de transparencia. Hasta ahora no existen decisiones judiciales que confirmen responsabilidades penales.
El testaferrismo es una práctica ilegal mediante la cual una persona presta su nombre para ocultar al verdadero dueño de bienes, dinero o propiedades. En Ecuador, el testaferrismo está tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y puede ser sancionado hasta con 5 años de prisión.
El oficialismo ha calificado las denuncias como persecución política contra el gobierno de Daniel Noboa. La oposición, en cambio, insiste en que el caso revela posibles abusos en la gestión de bienes públicos. El expediente se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política en el país.
