La asambleísta Gabriela Molina, integrante de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), presentó un proyecto de ley crucial para combatir la discriminación laboral en el sector público ecuatoriano. La iniciativa busca prohibir la contratación que utilice categorías sospechosas o vagas, un término ya reconocido por la Corte Constitucional, que genera un trato diferenciado y discriminatorio en el ámbito laboral.
Molina explicó que el proyecto surge de la identificación de problemas en la determinación de perfiles ocupacionales, lo que repercute directamente en las remuneraciones. Un ejemplo claro es el caso de los profesionales que trabajan en el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) del Ministerio de Inclusión Económica y Social, hoy Ministerio Social. Estos servidores, a pesar de realizar labores de alta responsabilidad en zonas vulnerables, son catalogados como "servidores públicos de apoyo 1", una categoría que no refleja la complejidad de sus funciones.
Detalles del Proyecto de Ley y Equidad Salarial
La asambleísta enfatizó que el trabajo de los profesionales CNH, que incluye visitas a territorios complejos y la cobertura de sus propios gastos de transporte y alimentación, es significativamente mayor al descrito para su categoría. Por ello, el proyecto de ley busca garantizar el principio constitucional de igual trabajo, igual remuneración. Si un servidor realiza un trabajo con mayor responsabilidad, debe ser mejor remunerado.
Las medidas específicas incluidas en el proyecto para asegurar la equidad salarial son claras. Primero, se prohíbe el uso de categorías sospechosas y se exige la eliminación de cualquier forma de discriminación. Segundo, se demanda que los perfiles ocupacionales sean específicos y correspondan a las responsabilidades reales de los servidores. Esto implica que las descripciones de las actividades sean claras, sin lenguaje genérico o expresiones vagas que permitan interpretaciones subjetivas. La meta es asegurar un trabajo digno y el cumplimiento del principio de igualdad salarial.
Al ser consultada sobre la relación con la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, Molina indicó que su proyecto es autónomo, pero podría homologarse o unificarse con dicha ley, o incluso integrarse a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOCEP). El objetivo es evitar tratos discriminatorios e injustos hacia los servidores públicos y asegurar una remuneración justa por la responsabilidad laboral.
Impacto en el Programa CNH y Remuneraciones
Al ser consultada sobre el impacto directo en el programa CNH. La asambleísta, quien presentó el proyecto junto al legislador Blasco Luna, explicó que los profesionales del CNH, muchos con perfiles académicos superiores y maestrías, actualmente ganan alrededor de 585 dólares. La aspiración es que sean homologados a categorías con remuneraciones más altas, como la de un docente, que supera los mil dólares. Se estima que alrededor de 4.600 servidores del CNH se beneficiarían de esta ley, buscando que su remuneración se ajuste a la responsabilidad de su trabajo en campo.
Molina aclaró que la ley no busca un incremento salarial directo, pues esa facultad recae en el Presidente de la República. En cambio, el proyecto obliga al Ministerio de Trabajo y al Ejecutivo a revisar y ajustar la propuesta económica, poniendo la mirada en los derechos y garantías constitucionales de los servidores públicos.
Desafíos Legislativos y Ambiente en la Asamblea
La asambleísta expresó su preocupación por la posible falta de aprobación del proyecto en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dado que proviene de la bancada de oposición. Mencionó que de tres proyectos presentados este año, uno no calificó y otro no ha sido abordado por la comisión correspondiente. Señaló que muchos proyectos de legisladores, incluso con informes técnicos favorables, son archivados en el CAL sin llegar al Pleno para debate.
Molina describió un ambiente de falta de diálogo y debate en la Asamblea, donde las intervenciones suelen ser limitadas a un solo legislador, generalmente oficialista. Afirmó que existe discriminación entre bancadas, donde los 62 legisladores de la Revolución Ciudadana tienen menos oportunidades de intervenir en comparación con bancadas más pequeñas. Denunció que los legisladores de oposición que reclaman enfrentan sanciones y suspensiones, como los casos de Ronald González y Mónica Palacios. Además, mencionó que los cambios en el orden del día propuestos por la oposición, que abordan temas importantes como embarcaciones pesqueras bombardeadas o casos de corrupción, son "blindados" por la bancada oficialista y no prosperan.
Aclaración sobre Incidente con Periodista
Respecto a un incidente donde se la vio sonriendo junto al asambleísta Blasco Luna mientras un periodista increpaba a Jorge Guevara Benavides, Molina aclaró la situación. Explicó que ella y Luna estaban contentos tras presentar el proyecto de ley. Al subir al ascensor, el legislador Guevara entró seguido de la periodista. La risa se debió a que su compañero Luna abrió rápidamente las puertas del ascensor para que la periodista pudiera entrar, sin saber que Guevara la estaba evadiendo. "Nuestra sonrisa, nuestro momento de sonreír no se debía a la actividad del señor Guevara", afirmó, desvirtuando cualquier interpretación jocosa sobre la situación del otro legislador.
Futuro Político y Gestión en Manabí
Sobre las próximas elecciones, Molina indicó que la Revolución Ciudadana ha completado sus procesos de democracia interna y presentará una propuesta distinta. Los nombres de los candidatos se conocerán en las próximas semanas. Reconoció la preocupación por la judicialización de alcaldes y mencionó que su movimiento tiene "plan A y plan B" para proteger a sus candidatos, retrasando la divulgación de nombres como estrategia.
En cuanto a su gestión, Molina ha presentado alrededor de ocho proyectos de ley, aunque no todos han sido tratados. Destacó su labor de fiscalización y cercanía con la gente en Manabí. Mencionó logros como la aceleración de procesos para el Hospital de Especialidades y el edificio de la Corte Provincial de Justicia en Manabí. También ha fiscalizado la falta de medicinas en hospitales y los recursos para vías estatales. La asambleísta aseguró que, de ser archivado su último proyecto, insistirá y buscará alternativas, confiando en la sensibilidad del tema para su aprobación. Finalmente, reafirmó su compromiso con la Revolución Ciudadana y su trabajo en Manabí, prometiendo seguir luchando por las necesidades de la provincia.
