Tras la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) del 5 de enero, la Asamblea Nacional ha activado una fiscalización sobre el presunto financiamiento irregular del movimiento Revolución Ciudadana (RC). En ella, exige al Consejo Nacional Electoral (CNE) detalles exhaustivos sobre los aportes y gastos de sus campañas electorales.
Según diario El Universo, esta medida, impulsada por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, se inicia en un contexto de preocupaciones por posibles vínculos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. El expresidente fue detenido recientemente por Estados Unidos, y coincide con la proximidad de la convención nacional de Revolución Ciudadana en Manta.
La presidenta de la comisión, la asambleísta Diana Jácome, presidió la sesión. Allí se dispuso requerir al CNE informes, registros y documentación relacionados con el origen, legalidad, trazabilidad y control de aportes y gastos de campaña de Revolución Ciudadana. Según Jácome, el objetivo es transparentar el uso de fondos públicos y responder a las inquietudes ciudadanas sobre el financiamiento electoral. Sin que ello implique una persecución política.
Contexto de la Investigación Electoral
Jácome mencionó casos previos como Arroz Verde y Metástasis. Allí se revelaron esquemas de aportes a campañas provenientes de contratistas del Estado y presuntamente del narcotráfico. Esto ha generado dudas sobre la integridad de los procesos electorales. "No es cosa menor que se hayan revelado grandes esquemas de aportaciones a campañas políticas, no solamente de contratistas del Estado de aquel momento, sino también del narcotráfico", señaló la legisladora.
La resolución del CAL, que motivó esta fiscalización, expresa rechazo a cualquier encubrimiento o silencio político respecto de organizaciones criminales transnacionales operando desde el poder en Venezuela. El texto destaca impactos directos en Ecuador, como la expansión del narcotráfico, el fortalecimiento del crimen organizado y el incremento de desplazados forzados. Estas situaciones han afectado la seguridad, el orden público y la paz social del país.
Además, el CAL manifestó solidaridad con el pueblo venezolano y respaldó una transición democrática en esa nación, con respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y el Estado de derecho.
Detalles de la Fiscalización y Requerimientos
Jácome agregó que la fiscalización busca determinar si detrás del financiamiento de RC hay vínculos con el gobierno de Maduro. El exmandatario enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y armas destructivas.
El asambleísta Jorge Chamba, de Acción Democrática Nacional (ADN), respaldó la iniciativa. Él afirmó que es crucial investigar si RC se benefició de recursos irregulares. Chamba citó declaraciones del secretario de Integridad Pública de Ecuador, Julio Neira, quien indicó que con la caída del régimen de Maduro también colapsa una red de financiamiento político operando desde PDVSA.
Investigaciones en Ecuador han revelado presuntos pagos de contratos vinculados a PDVSA-Ecuador, que habrían beneficiado a actores del correísmo, incluido el hermano de Jorge Glas, y figuras cercanas a Luisa González. Además, reportes periodísticos señalan vínculos de la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, con personajes próximos a Rafael Correa.
Reacciones y Alcance de la Medida
Por su parte, Guido Mendoza, de la bancada de RC, calificó el proceso como una persecución y acoso al movimiento, que enfrenta desde hace nueve años. Mendoza cuestionó que se adelanten conclusiones sobre Maduro, quien aún no ha sido sentenciado, y que se deba probar la existencia del supuesto Cartel de los Soles.
Sugirió que la fiscalización debería extenderse de manera general, incluyendo a ADN por el financiamiento de su campaña y el uso de bonos del Estado a cambio de votos.
