La Asamblea Nacional, a través de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y su Comisión de Relaciones Internacionales, trabaja en una serie de reformas a la Ley de Movilidad Humana. El fin es endurecer los procesos migratorios, optimizar las deportaciones y reforzar la seguridad nacional.

La propuesta busca responder a las crecientes preocupaciones ciudadanas por el ingreso irregular de extranjeros. También los recientes hechos de violencia vinculados a grupos delictivos internacionales.

Control migratorio más estricto

Durante la sesión número 22 de la comisión, realizada el pasado 3 de octubre, la presidenta Lucía Jaramillo (ADN) explicó que la prioridad es establecer mecanismos. Estos deben garantizar una “migración ordenada y segura”, ya que las medidas migratorias aseguran un proceso seguro.

Entre los cambios más relevantes, se plantea que toda persona extranjera que represente un riesgo para el país sea deportada en un plazo máximo de 24 horas. Además, no pueda regresar al Ecuador durante 40 años. Jaramillo aclaró que las observaciones de la Corte Constitucional fueron “de forma y no de fondo”. Por eso, el tema de deportación se volverá a incluir en la ley.

Apoyo del Ejecutivo y enfoque en seguridad

En la misma sesión, la canciller Gabriela Sommerfeld respaldó la iniciativa. Ella sugirió que las reformas se orienten a fortalecer el control migratorio, proteger la seguridad nacional y mejorar la atención a los ecuatorianos en el exterior.

Las propuestas incluyen la creación de una visa de transeúnte, con el objetivo de evitar que Ecuador sea utilizado como país de paso hacia terceros destinos. Igualmente, se planea la ampliación de las causales para revocar visas, extendiéndolas a cualquier condena ejecutoriada, sin importar el tiempo de prisión.

Además, se prevé la actualización de los procedimientos para repatriación de cadáveres. Se incluye el registro de retornos al país y la promoción de la migración circular, considerada una modalidad más segura y beneficiosa para los trabajadores ecuatorianos en el exterior.

Tras los incidentes en Otavalo

La iniciativa de ADN surge también como respuesta a los hechos ocurridos en Otavalo, provincia de Imbabura, el pasado 22 de septiembre. En este evento, dos extranjeros fueron detenidos por presuntos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua. Estos eventos subrayan la necesidad de procesos migratorios más rigurosos.

Durante las manifestaciones registradas en esa localidad, una unidad policial fue incendiada. También se reportaron daños a bienes públicos, lo que encendió las alarmas sobre el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros y su posible implicación en actos violentos.

El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) sostuvo que “la idea es regular de manera más estricta el ingreso de ciudadanos extranjeros al país”. Sin embargo, enfatizó que el objetivo no es cerrar las fronteras, sino ordenar y controlar quiénes ingresan, dónde están y qué hacen.

Vacíos legales y nuevas obligaciones

Los legisladores coinciden en que la actual Ley de Movilidad Humana presenta vacíos legales. Son vacíos que dificultan una respuesta ágil ante los casos que comprometen la seguridad nacional. Con las reformas, se establecerá que todo extranjero que desee ingresar al país deba presentar antecedentes penales y registro migratorio. Esto reforzará los mecanismos de verificación y seguimiento y garantizará un sistema migratorio efectivo.

Ordóñez señaló que muchos ciudadanos extranjeros ingresaron bajo el concepto de “ciudadanía universal”. Sin embargo, el Estado no tenía control de sus actividades ni del impacto en los servicios sociales. Por ello, dijo, “la obligación de la Asamblea es ajustar los textos para garantizar una migración controlada y segura”, asegurando así procesos migratorios eficientes.

Un equilibrio entre derechos y seguridad

Aunque la propuesta endurece los controles, los legisladores aseguran que se respetará lo establecido en la Constitución. “El principio de ciudadanía universal sigue vigente, pero eso no significa que no podamos normarlo. Especialmente en un estado de guerra interna como el que vivimos”, explicó Ordóñez, quien representa a la circunscripción del exterior por América Latina, el Caribe y África.

El proyecto de reformas se encuentra actualmente en discusión dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales. Se espera que en las próximas semanas se presente el informe para segundo debate en el pleno.