Desde el 9 de mayo de 2024 , la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) , bajo el mandato del presidente Daniel Noboa , intensifica la lucha contra 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias de Ecuador, con un presupuesto proyectado de $200 millones para 2026 , para proteger la Amazonía y reducir delitos asociados.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) enfrenta el desafío de controlar la minería ilegal en Ecuador con recursos limitados. En 2025 , cuenta con un presupuesto de $5.7 millones y 164 funcionarios , de los cuales $4.3 millones se destinan a sueldos y solo $156,610 a equipamiento. Sin embargo, a partir del 31 de julio de 2025 , Arcom comenzará a cobrar una tasa de fiscalización minera a empresas con concesiones, lo que elevará su presupuesto a $200 millones anuales desde 2026 , según informó el director Patricio Bonilla durante la rendición de cuentas del 4 de julio de 2025 .
Entre agosto y diciembre de 2025 , las empresas pagarán un proporcional de la tasa, por lo que el presupuesto no alcanzará aún los $200 millones . Con estos recursos, Arcom planea aumentar su personal a 190 empleados para agosto de 2025 y adquirir camionetas blindadas, drones, espectrómetros y equipos de seguridad, aunque no se ha detallado el monto asignado a estos rubros.
En 2024 , Arcom operó con seis direcciones distritales y dos oficinas técnicas , pero para 2025 busca expandirse a 11 direcciones distritales y siete oficinas técnicas , fortaleciendo su capacidad de fiscalización en zonas críticas.
Arcom ha identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 de las 24 provincias de Ecuador, con 40 puntos en nueve provincias clasificados como “muy peligrosos” por la presencia de Grupos Armados Organizados . Las provincias más afectadas incluyen Imbabura , Napo , Esmeraldas , Sucumbíos , Orellana , Azuay , El Oro , Morona Santiago , Zamora Chinchipe , y Carchi , según el reporte de Bonilla.
En Napo , zonas como Río Punino , Río Jatunyacu , y Arosemena Tola han sido denunciadas por años por activistas. El 9 de junio de 2025 , 11 militares fueron asesinados en Alto Punino durante un operativo contra la minería ilegal, evidenciando la violencia asociada. En Imbabura , un militar murió el 3 de julio de 2025 en La Merced de Buenos Aires , otro foco crítico.
Bonilla destacó que, además de terceros que invaden concesiones, 15 concesiones legales en Napo fueron denunciadas por incumplimientos. Tras inspecciones, 11 concesiones fueron suspendidas y cuatro enfrentan caducidad por infracciones a la ley.
La minería ilegal no solo devasta la Amazonía ecuatoriana , sino que genera delitos conexos como asociación ilícita , tenencia de armas , trata de personas , trabajo infantil , extorsión , y lavado de activos , según el reporte de Arcom. Las comunidades locales, atraídas por los ingresos rápidos, a menudo brindan apoyo logístico a estas actividades, complicando los operativos de control.
Entre el 26 de julio y diciembre de 2024 , Arcom realizó 30 operativos contra la minería ilegal, pero no se detallan resultados anuales completos, ya que hasta el 9 de mayo de 2024 , operaba bajo la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables (Arcernnr) . Ese día, el presidente Daniel Noboa decretó la separación en tres agencias, restableciendo a Arcom como entidad autónoma.
Los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y grupos armados son frecuentes, especialmente en los 40 puntos peligrosos , donde la presencia de mafias vinculadas al narcotráfico agrava la situación, según informes previos.
La minería ilegal en Ecuador, particularmente en Napo , ha crecido exponencialmente, afectando 783 hectáreas en Río Punino en 2023 , un aumento de cuatro veces respecto a 2022 , según el Proyecto de Conservación de la Amazonía Andina (MAAP). En Yutzupino , la deforestación por minería alcanzó 125 hectáreas entre 2021 y 2022 . Estas actividades, en un 90% ilegales , destruyen ríos y bosques, afectan a comunidades indígenas y financian redes criminales, incluyendo el narcotráfico.
La falta de recursos y personal en Arcom, que en 2019 tenía 45 técnicos frente a los 22 actuales, ha limitado el control, según el viceministro Javier Subía . La nueva tasa de fiscalización busca revertir esta situación, aunque enfrenta críticas de la Cámara de Minería por considerarla un “impuesto encubierto”.
Con el presupuesto de $200 millones desde 2026 , Arcom planea mejorar su infraestructura, tecnología y personal para combatir la minería ilegal. Sin embargo, el éxito dependerá de la coordinación con Fuerzas Armadas , Policía Nacional , y otras instituciones, así como de abordar la corrupción interna, señalada como un factor que facilita estas actividades.
El aumento de operativos, la modernización de equipos y la expansión de oficinas técnicas son pasos clave para reducir los 387 focos de minería ilegal y mitigar el impacto ambiental y social en provincias como Napo e Imbabura .
