El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) propuso el lunes 5 de mayo de 2025 una reforma al reglamento de concursos públicos que permitiría que autoridades como Diana Salazar, fiscal general del Estado, y Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), permanezcan en sus funciones hasta enero o febrero de 2026, debido a los retrasos acumulados en los procesos de designación.
Reforma busca limitar demoras y evitar prórrogas indefinidas
El presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, explicó que el objetivo principal de esta reforma es “atacar el problema de raíz”, haciendo referencia a los prolongados concursos de méritos y oposición para elegir nuevas autoridades. Según dijo, la propuesta establece plazos definidos para conformar las Comisiones Ciudadanas de Selección, encargadas de ejecutar dichos concursos.
Entre los puntos más relevantes, se establece un máximo de tres meses para conformar las comisiones y cuatro meses para que ejecuten el proceso, con una posible prórroga adicional de dos meses. De no cumplirse estos plazos, los comisionados serían cesados y reemplazados por sus suplentes.
Además, el Cpccs propone que los comisionados trabajen presencialmente en Quito y que el pago de dietas quede condicionado a la continuidad del concurso. Esto busca evitar paralizaciones injustificadas por medidas judiciales como acciones de protección.
Autoridades actuales se mantendrán hasta 2026, según propuesta del Cpccs
El reglamento vigente seguirá aplicándose únicamente en el concurso parcial en curso para renovar el CNE. No obstante, los nuevos lineamientos regirán para los procesos pendientes de designación de varias autoridades, entre ellas:
- Fiscal General del Estado
- Defensor del Pueblo
- Jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE)
- Consejo Nacional Electoral (CNE) en su totalidad
Esto significa que, de aprobarse la reforma esta semana como anticipa el Cpccs, las autoridades actuales seguirán legalmente en funciones hasta que se concluyan los concursos correspondientes. Esto podría extenderse hasta inicios de 2026.
Concursos retrasados por años
La falta de plazos vinculantes, sumada a medidas cautelares y a la judicialización del proceso de designación, ha ocasionado que autoridades permanezcan más allá de sus períodos constitucionales. El caso de la Defensoría del Pueblo, sin titular desde 2021, y del Consejo de la Judicatura, aún pendiente de renovación, son ejemplos de estos vacíos institucionales.
El Cpccs espera que con esta reforma se logre normalizar el calendario de concursos y evitar nuevas prorrogas. De acuerdo con la ley ecuatoriana, las autoridades pueden continuar en funciones mientras no se designe a sus reemplazos.
