En Ecuador, el ser detenido con vestimenta militar y policial no constituye un delito, pues sólo se considera una contravención. Por esta razón, quienes son aprehendidos con estos uniformes enfrentan cargos sólo si los utilizan para cometer crímenes como robos, secuestros o falsos operativos.
Sin embargo, la falta de regulación en la distribución de estas prendas genera preocupación, pues delincuentes acceden fácilmente a ellas y las emplean para desestabilizar la seguridad ciudadana. Dos operativos recientes en Manta, ilustran este problema. El 1 de febrero de 2025, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) de la Policía ejecutó un operativo en la vía Manta–Puerto Cayo. Allí, los agentes detuvieron a doce individuos en posesión de armas, municiones, un dron y prendas militares y policiales.
Entre los capturados figuran Junior Argenis V. M., con antecedentes por asesinato; Julio Antonio B. F., vinculado a robo, suplantación de identidad y asesinato; y Andy Lisman T. V., relacionado con receptación, robo y tenencia de armas. Además, otros detenidos acumulan historiales por hurto, evasión e intimidación.
En este caso, los procesados enfrentan cargos por tráfico de armas y municiones, ya que la tenencia de uniformes no representa un delito grave por sí misma.
Más detenidos con indumentaria policial
Cuatro días después, el 5 de febrero, otro operativo en el barrio San Agustín de Manta dejó tres detenidos: Jaime Agustín S. M., con antecedentes por robo, tenencia de armas y secuestro; Carlos Manuel R. B., ligado a tenencia de drogas; y Eliana Dulany C. G., sin antecedentes previos.
Los agentes encontraron paquetes de droga, armas y prendas similares a las de la Policía. Según el fiscal Paco Delgado, el proceso judicial avanza en etapa intermedia para presentar pruebas. Por ahora, los cargos se centran en tráfico de armas y municiones, aunque uno de los implicados enfrenta un proceso adicional por delincuencia organizada en Quito, lo que agrava su situación.
Delgado explica que el Código Penal considera la posesión de uniformes militares o policiales, sin un acto ilícito, como una simple contravención en caso de flagrancia. No obstante, si los acusados usaron las prendas para perpetrar delitos como secuestros o robos, responderán por esos crímenes específicos. En el caso de San Agustín, la Fiscalía investiga si los uniformes se emplearon en actividades ilícitas, lo que podría derivar en cargos adicionales. Mientras tanto, los tres procesados permanecen en prisión preventiva.
Uniformes carecen de códigos de identificación
Un problema estructural subyace en estos casos: las prendas militares y policiales carecen de códigos de identificación o trazabilidad. A diferencia de las armas, que cuentan con registros específicos, los uniformes no permiten determinar su origen.
Esta carencia dificulta a las autoridades probar si los procesados los obtuvieron de fuentes legítimas o ilegales. Además, diversos comercios distribuyen estas prendas, supuestamente exclusivas para policías, militares o agentes de tránsito, sin controles rigurosos. En consecuencia, civiles y delincuentes acceden a ellas con facilidad, lo que facilita crímenes como falsos operativos.
Por ejemplo, en los casos de Manta, los procesados responderán principalmente por tráfico de armas, un delito con penas más severas. La Fiscalía continúa recopilando evidencias en ambos operativos. En el caso de San Agustín, las investigaciones exploran posibles vínculos con secuestros, lo que podría endurecer las acusaciones. La falta de control sobre los uniformes representa una amenaza constante, pues delincuentes aprovechan este vacío para cometer crímenes con mayor audacia.
