La esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Fiorella Ycaza, rechazó las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien sostuvo que el funcionario se negó a una cirugía de vesícula.
A través de un video difundido en redes sociales, afirmó que la familia únicamente solicitó una evaluación médica previa debido al estado de salud del alcalde y pidió que se garanticen sus derechos mientras permanece bajo custodia del Estado.
Tras la controversia generada por el procedimiento médico al que iba a ser sometido Aquiles Álvarez, su esposa aseguró que en ningún momento existió una negativa a la intervención quirúrgica.
Ycaza rechaza la versión oficial
En su pronunciamiento, Ycaza sostuvo que el deterioro físico de su esposo motivó esa solicitud.
Indicó que, tras más de cinco meses privado de libertad, ha perdido más de 70 libras, por lo que consideró necesario confirmar que se encontraba en condiciones de enfrentar una cirugía. "Aquiles nunca rechazó la cirugía", afirmó, al insistir en que el pedido se limitó a contar con una evaluación médica completa antes del procedimiento.
Las declaraciones surgieron después de que el ministro Reimberg manifestara públicamente que los médicos recomendaron retirar la vesícula, pero que Álvarez y su esposa decidieron no autorizar la intervención y solicitaron un traslado a otra casa de salud.
Solicita garantías para la atención médica
Además de rechazar esa versión, Ycaza afirmó que recibió un mensaje en el que se le advirtió que, si la cirugía no se efectuaba de inmediato, su esposo sería trasladado a un hospital público. Señaló que esa situación aumentó la preocupación de su familia, aunque no presentó públicamente pruebas sobre ese hecho.
También hizo un llamado a clínicas y hospitales para que, según dijo, no actúen bajo presiones externas al momento de atender pacientes. "La salud no tiene banderas políticas", expresó en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
Finalmente, la esposa del alcalde solicitó la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que observen las condiciones en las que permanece Álvarez bajo custodia estatal.
