Las organizaciones políticas Unidad Popular (lista 2) y el movimiento Construye (lista 25) anunciaron que acudirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). También lo harán a la Corte Constitucional (CC) y a instancias internacionales para impugnar la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto, debido a que inicia su proceso de extinción por no cumplir con el número mínimo de afiliados y adherentes requerido.
La decisión del CNE se adoptó el domingo 26 de abril de 2026 durante una sesión extraordinaria. Según los informes internos del organismo, Unidad Popular no mantiene el umbral mínimo de afiliados y Construye no alcanza el de adherentes, lo que, a criterio del CNE, les impide seguir inscritas en el registro electoral.
Los afectados tienen plazo hasta el 31 de mayo de 2026 para presentar recursos y evitar que la medida quede en firme.
Recursos ante el TCE y la Corte Constitucional
Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, informó este lunes que presentarán un recurso subjetivo contencioso ante el TCE y, de ser necesario, ante la Corte Constitucional, al considerar que la resolución viola los derechos de participación política de sus afiliados.
Atarihuana señaló que la cancelación se aprobó fuera del plazo establecido en el artículo 327 del Código de la Democracia, que permite resolver la extinción hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.
La convocatoria a los comicios seccionales y de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está prevista para el 29 de noviembre de 2026, lo que, según UP, sitúa la resolución del CNE fuera de los límites legales.
Argumentos del CNE sobre plazos y financiamiento público
El CNE, por su parte, sostiene que los artículos 314 y 328 de la ley electoral establecen que solo las organizaciones registradas hasta 90 días antes de la convocatoria pueden presentar candidaturas.
Por el adelanto de las elecciones, el plazo para definir las inscripciones válidas vence el 3 de mayo de 2026. El vocal suplente José Merino, quien votó a favor de la medida, indicó que la decisión no se basa en plazos sino en el incumplimiento evidente y en el hecho de que estas organizaciones podrían recibir financiamiento público si permanecieran registradas.
En la votación por la extinción de Unidad Popular, los votos afirmativos correspondieron a José Merino y a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien actuó como dirimente. Los consejeros Elena Nájera y José Cabrera se abstuvieron. Para el caso de Construye, la resolución se aprobó con tres votos a favor: Atamaint, Merino y Cabrera.
Negación de pérdida de afiliados y vías internacionales
Atarihuana negó que Unidad Popular haya perdido el 50 % de sus afiliados. El 13 de abril, el CNE notificó la desafiliación de 1.483 personas en los últimos años, cifra que, según el dirigente, no alcanza el umbral exigido.
Iván González, secretario del movimiento Construye, ratificó que agotarán todas las instancias nacionales y, de ser necesario, recurrirán a organismos internacionales. Los dirigentes de Unidad Popular adelantaron que participarán en las movilizaciones del 1 de mayo por el Día del Trabajador y mantendrán conversaciones con otras agrupaciones políticas, como Pachakutik, en caso de que los recursos no prosperen antes de los comicios.
