El partido Unidad Popular presentó un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar su cancelación del registro de organizaciones políticas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). La organización alega que la decisión responde a motivaciones políticas y vulnera el derecho de participación de más de 207.000 afiliados.

La acción se conoce días después de que el CNE, en sesión del 26 de abril de 2026, resolviera la eliminación tanto de Unidad Popular como del movimiento Construye por supuesta disminución en el número de adherentes.

Por segundo día consecutivo la falta de quórum impidió al CNE resolver el caso de la Unidad Popular

Diana Atamaint enfatizó que los integrantes del cuerpo colegiado tienen la obligación legal de asistir a las sesiones.

Argumentos del partido

Paúl Jácome, representante y vocero de Unidad Popular, señaló que el partido cuenta con más de 206.000 afiliados y que la decisión del CNE carece de sustento técnico y legal. "El CNE está vulnerando los derechos de participación electoral de todos ellos", manifestó.

Jácome indicó que el objetivo de las medidas cautelares es evitar la consumación de la vulneración de derechos a puertas de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Además, denunció que la resolución responde a una decisión política instrumentada por dos consejeros del CNE: Diana Atamaint y José Merino.

Irregularidades en el trámite

El partido presentó un pedido de corrección a la resolución de cancelación, pero el CNE no ha logrado tramitarlo en dos ocasiones por falta de votos. En la última sesión, aunque existía quórum, la presidenta del organismo, Diana Atamaint, suspendió la reunión por la inasistencia de la consejera Elena Nájera, quien ha cuestionado el proceso.

Hasta el 4 de mayo, el registro electoral actualizado del propio CNE aún mostraba a Unidad Popular y a Construye como habilitados para participar en los comicios de noviembre.

Contexto electoral

La cancelación de organizaciones políticas forma parte del proceso de depuración previo a las elecciones seccionales de 2026. El CNE cerró el 3 de mayo el plazo de inscripción de nuevas organizaciones políticas.

Unidad Popular advirtió que solicitará la vigilancia del sistema interamericano de derechos humanos para evitar que se concrete lo que considera una injusticia. La CIDH deberá analizar el pedido de medidas cautelares y determinar si procede otorgarlas para suspender provisionalmente los efectos de la resolución del CNE.