La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció el cierre inmediato de sus cuentas bancarias por una disposición de la Superintendencia de Bancos. Esta medida, según el gremio, compromete su operatividad administrativa, financiera y organizativa a escala nacional.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, aseguró que varias instituciones financieras notificaron a la organización sobre la cancelación de sus cuentas corrientes, bajo el argumento de inhabilidad para girar cheques y operar financieramente.
afirmó Quishpe.
"Se ordenó el cierre inmediato de nuestras cuentas. Es una medida que nos deja sin operatividad",
Andrés Quishpe, presidente de la UNE.
Contradicción con reconocimiento oficial
Quishpe señaló que la decisión contradice el reconocimiento legal otorgado por el Ministerio de Gobierno en abril de 2026, mediante el cual la UNE fue inscrita en el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales como una organización con presencia nacional dedicada al desarrollo científico, pedagógico y organizativo del magisterio ecuatoriano.
Para mantener ese registro, el gremio entregó al Estado información detallada sobre su estructura jurídica, financiera y organizativa, incluyendo estados financieros, número de afiliados, estatutos y directorios provinciales. "El Ministerio conoce plenamente nuestra vida política, jurídica y económica", indicó el dirigente.
Contexto de la denuncia
La denuncia fue realizada durante una misión sindical internacional de alto nivel con delegaciones de más de 11 países y 17 organizaciones internacionales. Quishpe enmarcó la situación en un contexto de tensiones entre el Gobierno y organizaciones sindicales, aunque enfatizó que la medida afecta directamente la capacidad de la UNE para gestionar recursos, ejecutar actividades y sostener su estructura institucional.
El dirigente cuestionó que una organización legalmente reconocida enfrente restricciones financieras que, según su criterio, limitan su capacidad de representación y defensa del sector educativo en Ecuador.
La UNE considera que esta acción trasciende un procedimiento administrativo y podría impactar seriamente su funcionamiento como gremio nacional.Hasta el momento, ni la Superintendencia de Bancos ni el Ministerio de Gobierno han emitido declaraciones públicas sobre el caso.
