La asignatura de educación ambiental podría tener mayor presencia en el sistema educativo de Ecuador mediante una reforma legal que actualmente analiza la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. La propuesta busca fortalecer la formación de niños, adolescentes y jóvenes en sostenibilidad, cuidado del entorno y ejercicio de derechos ambientales.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en etapa de análisis y no está aprobada la creación de una asignatura independiente. La comisión continúa recibiendo criterios técnicos y académicos para determinar cómo podrían incorporarse estos contenidos dentro de los diferentes niveles educativos.

Qué analiza la Asamblea Nacional

La Comisión de Biodiversidad estudia el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente, orientado a fortalecer la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

El objetivo es establecer un marco normativo que permita ampliar la formación relacionada con el cambio climático, el uso responsable de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y la capacidad de las comunidades para enfrentar riesgos ambientales.

La propuesta todavía deberá completar el trámite legislativo correspondiente. Por ello, no existe una fecha definida para su posible aplicación en escuelas y colegios, ni se ha establecido si los contenidos se impartirán como una materia específica o de forma transversal dentro de otras asignaturas.

Experto recomienda fortalecer la formación ambiental

Durante una sesión de la comisión compareció René Zambrano, especialista en Derecho Administrativo y Ambiental y docente universitario, quien respaldó el fortalecimiento de la educación ambiental desde una perspectiva integral.

El académico señaló que los problemas ambientales actuales requieren una mayor conciencia sobre la relación entre las actividades humanas y la conservación de los recursos naturales. Según su criterio, la educación debe fomentar la responsabilidad individual y colectiva frente a problemas como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la resiliencia social.

Qué contenidos podrían estudiarse

La reforma podría impulsar contenidos prácticos relacionados con la protección del ambiente. Entre ellos constan el acceso a información ambiental, la participación ciudadana y los mecanismos disponibles para exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y de las personas.

También podrían abordarse temas como:

Cambio climático: causas, efectos y medidas de prevención.
Uso responsable de recursos: agua, energía, suelo y biodiversidad.
Seguridad alimentaria: relación entre producción, ambiente y acceso a alimentos.
Participación ciudadana: mecanismos para intervenir en decisiones ambientales.
Justicia ambiental: procedimientos para denunciar o reclamar frente a daños.
Prevención de riesgos: preparación de comunidades ante eventos climáticos.
Recuperación ambiental: acciones de remediación de espacios afectados.

Estos contenidos podrían desarrollarse de forma progresiva, de acuerdo con la edad de los estudiantes y el nivel educativo.

Derechos y deberes ambientales

Zambrano planteó que la formación no se limite a conceptos sobre reciclaje o conservación, sino que incluya herramientas para que los estudiantes conozcan sus derechos y deberes ambientales.

Entre los principios mencionados se encuentran el acceso a la información, la participación en asuntos públicos y la justicia ambiental. Estos elementos también están contemplados en el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional relacionado con la democracia y la protección ambiental.

La propuesta busca que los estudiantes comprendan cómo pueden participar en decisiones que afecten a sus comunidades y qué mecanismos existen para solicitar información o denunciar posibles daños al ambiente.

Formación según el nivel educativo

En los primeros niveles, la enseñanza podría concentrarse en hábitos de cuidado, consumo responsable y protección del entorno cercano. Para adolescentes y jóvenes, los contenidos podrían incluir ciudadanía ambiental, normativa, cambio climático y participación social.

En niveles superiores, la formación podría incorporar conocimientos más especializados sobre recuperación de ecosistemas, remediación ambiental y gestión sostenible de los recursos. La forma definitiva de aplicación dependerá del texto que consolide la Comisión de Biodiversidad y de las decisiones que adopte la Asamblea Nacional durante el trámite del proyecto.

Qué falta para su aplicación

La comparecencia del experto forma parte de la fase de recepción de observaciones. La comisión continuará escuchando a especialistas, instituciones y actores vinculados con la educación y el ambiente.

Después de consolidar los aportes, deberá aprobarse el informe correspondiente y remitir el proyecto al Pleno de la Asamblea para su debate. Si la reforma es aprobada, también será necesario desarrollar normas y lineamientos para su ejecución.

Por ahora, la posibilidad de una nueva asignatura genera expectativa, pero no existe una decisión definitiva sobre su creación. Lo que sí está en discusión es el fortalecimiento obligatorio de la educación ambiental dentro del sistema educativo ecuatoriano.