El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, expuso este 17 de junio de 2026 nuevos resultados dentro de las investigaciones impulsadas por el Gobierno en torno a los contratos adjudicados a la empresa estadounidense Progen para la provisión de generación eléctrica durante la crisis energética.

Las declaraciones fueron difundidas mediante un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con lo señalado por Neira, las indagaciones se desarrollan en coordinación con autoridades internacionales, especialmente de Estados Unidos, y bajo el marco de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO).

El funcionario aseguró que este trabajo permitió seguir el rastro de transferencias vinculadas a los pagos realizados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).

Seguimiento de recursos y análisis financiero

Neira explicó que el análisis financiero no se limitó a la revisión de contratos, sino que incluyó la reconstrucción de movimientos bancarios para identificar cómo habrían sido distribuidos los recursos.

Según su versión, los fondos habrían salido de las cuentas vinculadas a Progen en cortos periodos de tiempo tras los pagos estatales.

Presuntos beneficiarios identificados

El funcionario mencionó como parte de los hallazgos a varias personas y empresas que habrían recibido parte de los recursos. Entre ellos citó al abogado José Luis Hidalgo Fernández, a quien atribuyó participación en la facilitación de transferencias dentro de la estructura investigada.

También señaló a Karla Saud Calero como presunta beneficiaria final de parte de los fondos, así como a José Walter Manrique Suárez, quien habría redistribuido recursos hacia distintas personas y empresas, según la información expuesta por Neira.

Distribución de recursos y movimientos bancarios

Según el relato del secretario, una parte significativa de los recursos habría sido canalizada a través de múltiples beneficiarios, incluyendo personas jurídicas y naturales.

En ese contexto, mencionó a la subcontratista Astrobricsa como una de las principales receptoras de fondos, los cuales posteriormente habrían sido distribuidos a otras cuentas.

Declaraciones sobre la investigación

Neira afirmó que los recursos públicos habrían sido desviados mediante una estructura de empresas y actores identificados en la investigación. Además, indicó que las transferencias fueron seguidas "transacción por transacción" como parte del proceso de rastreo financiero.

Finalmente, el funcionario señaló que la información fue puesta en conocimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para su evaluación, mientras continúan las acciones coordinadas a nivel nacional e internacional para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.