Un Tribunal de Garantías Penales con sede en Iñaquito emitió una sentencia condenatoria contra un médico cirujano tras hallarlo responsable de las lesiones que provocaron un estado de tetraplejia en una paciente menor de edad. El fallo judicial establece una pena privativa de libertad de un año y ocho meses, además del pago de una multa económica equivalente a ocho salarios básicos unificados. La resolución incluye también una medida de reparación integral que asciende a 100.000 dólares, la cual deberá ser entregada a favor de la víctima para cubrir gastos derivados de su condición actual.
Durante el tiempo que dure la condena impuesta por los magistrados, el sentenciado permanecerá bajo inhabilitación profesional, quedando impedido de ejercer cualquier actividad relacionada con la medicina. Esta disposición judicial busca garantizar la seguridad de los pacientes mientras se cumple el proceso sancionatorio derivado de la mala práctica médica identificada durante el proceso de investigación. La decisión se fundamenta en la necesidad de precautelar la integridad física y los derechos fundamentales de los niños y adolescentes dentro del sistema de salud pública y privada del país.
Contexto de la intervención y complicaciones médicas
Los hechos que motivaron esta causa legal se remontan a marzo de 2024, fecha en la que la menor fue sometida a una intervención quirúrgica con el objetivo de corregir una escoliosis. Sin embargo, de acuerdo con los registros clínicos analizados en el juicio, la paciente presentó complicaciones severas inmediatamente después de la operación. Estas irregularidades afectaron de forma directa su movilidad, lo que obligó al equipo médico a programar y realizar una segunda cirugía de urgencia pocos días después para intentar revertir los daños detectados.
Pese a los intentos por estabilizarla, el estado de salud de la niña continuó agravándose de manera progresiva. Ante la falta de mejoría y la complejidad del cuadro clínico, fue necesario su traslado a una casa de salud especializada de mayor complejidad para recibir atención avanzada. Los informes técnicos presentados durante el proceso judicial confirmaron que la intervención inicial provocó una lesión irreversible en la médula espinal, situación que derivó en la pérdida total de la capacidad motriz en las extremidades de la pequeña paciente.
Evidencias técnicas y resolución del tribunal
La acusación presentada por los organismos de justicia se sustentó en rigurosos informes periciales y testimonios de especialistas de diversas áreas médicas. Los expertos que comparecieron ante el tribunal señalaron fallas críticas en la ejecución de la primera cirugía, destacando específicamente la colocación incorrecta de tornillos en la estructura de la columna vertebral. Este error técnico fue identificado como la causa directa del daño medular, desestimando los argumentos de la defensa y confirmando la existencia de un nexo causal entre la acción del médico y el resultado lesivo.
Como parte integral de la sentencia, el tribunal ordenó de manera obligatoria que se garantice a la víctima una atención médica especializada permanente. Esta medida busca asegurar que la menor cuente con los insumos, terapias y controles necesarios para manejar su condición de tetraplejia de forma digna. Las autoridades judiciales enfatizaron que el sistema legal debe actuar con firmeza ante la negligencia profesional, estableciendo precedentes que fomenten protocolos de seguridad quirúrgica más estrictos para evitar que casos similares se repitan en el futuro dentro de la red sanitaria nacional.
