Tres acciones públicas de inconstitucionalidad fueron presentadas ante la Corte Constitucional contra la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), hasta la tarde de este miércoles 25 de febrero de 2026.

Los accionantes son el concejal de Quito Andrés Campaña, la Unión Nacional de Educadores (UNE) junto a la Federación de Barrios de Quito, y dirigentes del movimiento Unidad Popular (UP). Las tres demandas solicitan que la Corte declare la inconstitucionalidad de la norma y ya fueron sorteadas a jueces constitucionales.

Acciones sorteadas a magistrados de la Corte Constitucional

La demanda presentada por el concejal Campaña fue asignada a la jueza Claudia Salgado Levy. La acción interpuesta por la UNE y la Federación de Barrios de Quito recayó en el despacho del juez Johel Escudero, mientras que la de Unidad Popular quedó a cargo del juez José Luis Terán Suárez. Hasta el momento la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la admisión o inadmisión de los recursos.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, defendió la legalidad de la norma. "No nos preocupa porque esta Ley está muy bien realizada. No tendrían argumentos los jueces de la Corte Constitucional para darles paso a estas demandas. Obviamente nosotros creemos en la democracia y si hay alguien que quiera demandar, pues nosotros esperamos que la CC piense, en el momento de hacer una resolución, en la ciudadanía, que es quien necesita de obras para las ciudades", declaró Morillo a diario El Universo.

De igual forma, Valentina Centeno, jefa de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), anticipó que defenderán la normativa ante cualquier demanda presentada en la Corte Constitucional.

Objetivo y contenido de la ley reformatoria al Cootad

La Ley fue aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional el 20 de febrero con 77 votos a favor y publicada en el Registro Oficial el 23 de febrero de 2026. Su principal objetivo es concentrar los fondos públicos en el cierre de brechas de servicios y no en el sostenimiento de estructuras administrativas de los GAD.

La normativa establece que el 70 % del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá destinarse obligatoriamente a gasto no permanente, es decir, a inversión y mantenimiento de obras. El 30 % restante se destinará al gasto corriente, específicamente al pago de sueldos de los funcionarios públicos de los GAD.

Reacciones y contexto de las demandas

Los accionantes argumentan en sus escritos que la reforma vulnera derechos y principios constitucionales, aunque las demandas completas no han sido publicadas en detalle. La Corte Constitucional mantiene en reserva el análisis de admisibilidad mientras los jueces sorteados revisan los expedientes.

Esta es la primera ola de acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad presentada en menos de 48 horas desde su publicación oficial. La norma busca garantizar la sostenibilidad y eficacia del gasto en los GAD, uno de los temas más debatidos en la actual legislatura.

La ministra Morillo y la bancada oficialista han reiterado que la ley prioriza la ejecución de obras y servicios para la ciudadanía. Mientras tanto, la Corte Constitucional avanza en el sorteo y revisión inicial de las tres demandas presentadas este 25 de febrero de 2026.