Este 11 de febrero de 2026, se anunció que la justicia de Santo Domingo sentenció a Gabriel Andrés C. M. a trece años de prisión. El sujeto actuó como autor directo de prostitución forzada contra una adolescente de 16 años. Los hechos se desarrollaron entre diciembre de 2021 y abril de 2022 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Fiscalía Especializada (Fedoti No. 1) demostró que el agresor explotó económicamente a la joven en diversos clubes nocturnos.
El origen del delito en Santo Domingo
La investigación fiscal reveló una trama sistemática de abuso. El agresor trasladó a la víctima desde el casco urbano de Santo Domingo hasta Puerto Limón. Durante meses, ambos residieron en una vivienda de esta parroquia rural. En este periodo, el sentenciado forzó a la menor a realizar actos de naturaleza sexual.
Gabriel Andrés C. M. administraba las ganancias del ilícito. Él cobraba directamente el dinero obtenido en los centros de tolerancia. Por consiguiente, la joven permanecía bajo un control estricto y violento. No obstante, la intervención de su madre resultó fundamental para el proceso de justicia.
La denuncia ciudadana permitió activar a la Policía Nacional. Las autoridades rastrearon el paradero de la adolescente tras recibir información clave. Además, los agentes vigilaron un centro médico en Puerto Limón para concretar el rescate.
Operativo de rescate en la provincia de Santo Domingo
El 25 de abril de 2022, los uniformados ejecutaron la operación de auxilio. Localizaron a la menor cuando acudía a una cita médica programada. Ella estaba bajo la supervisión de la madre del agresor en ese momento.
Inmediatamente, el equipo de seguridad trasladó a la víctima a una casa de acogida. Allí recibió atención psicológica y médica urgente. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado consolidó el expediente acusatorio en Santo Domingo. Los investigadores recolectaron pruebas documentales y testimonios periciales contundentes.
El testimonio anticipado de la agraviada fue la pieza central del juicio. Asimismo, los peritos de la Dinapen ratificaron las condiciones de vulnerabilidad. La pericia de entorno social confirmó la explotación vivida durante el cautiverio.
Rigor legal y condena en Santo Domingo
El Tribunal analizó el artículo 101 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este numeral sanciona la prostitución forzada con penas privativas de libertad severas. En este caso, se consideró la relación cercana entre el agresor y la víctima.
La sentencia de trece años marca un precedente en la seguridad regional. Los jueces validaron el reconocimiento del lugar de los hechos realizado por criminalística. También se incluyó el certificado de identidad que acreditaba la minoría de edad.
Finalmente, el fallo judicial garantiza una reparación integral a la víctima. Las autoridades de Santo Domingo refuerzan así la lucha contra la trata de personas. Este golpe judicial busca desarticular las estructuras de explotación sexual infantil.
