Un juez dispuso mesas de diálogo y el fin de protestas, este jueves 2 de abril de 2026 en Santo Domingo, durante una inspección judicial al proyecto Mall Santo Domingo, para verificar el cumplimiento de una sentencia vigente y resolver el conflicto entre el Municipio y comerciantes.
Verifican cumplimiento
La audiencia de inspección judicial se realizó la mañana de este jueves en el predio del Mall Santo Domingo, donde se construye la plaza destinada a comerciantes.
El acto inició a las 08h35. El juez José Luis Maldonado presidió la diligencia con el objetivo de verificar el cumplimiento de la sentencia emitida en 2024.
El magistrado escuchó a todas las partes involucradas, incluyendo autoridades municipales, representantes del gremio y técnicos. Además, permitió la intervención de terceros afectados y expertos en construcción, quienes aportaron criterios sobre el avance del proyecto.
Durante la diligencia, el juez enfatizó que la sentencia se encuentra en ejecución y no puede revertirse. En ese contexto, afirmó que el proceso debe avanzar bajo los parámetros establecidos por la justicia.
Antecedentes del conflicto
El conflicto se originó en 2024 tras una acción de protección presentada por la concejal Diana Coloma. En ese proceso, se determinó una vulneración al derecho a la movilidad en el centro de Santo Domingo, en la peatonal.
El fallo judicial ordenó el desalojo de comerciantes ubicados en la peatonal y calles transversales. Como medida de reparación, dispuso la construcción de una plaza comercial para su reubicación mediante mesas de diálogo.
Desde entonces, el proyecto Mall Santo Domingo se convirtió en el eje del proceso. Sin embargo, las diferencias entre el Municipio y el gremio generaron protestas y, a decir de los mercaderes, falta de consenso.
Avance del proyecto y aspectos técnicos
Durante la audiencia, el Municipio presentó detalles técnicos del proyecto, su fase arquitectónica y el estado actual de construcción. Luego, los asistentes realizaron un recorrido por la obra para verificar los avances.
Las autoridades informaron que la obra registra un 20 % de avance, inició el 26 de enero de 2026 y tiene plazo hasta el 27 de enero de 2027. Además, señalaron que la inversión hecha hasta ahora, por parte del aliado estratégico, alcanza aproximadamente 4 millones de dólares.
El alcalde Wilson Erazo aseguró que el cabildo ha cumplido "a cabalidad" con la sentencia. También explicó que los puestos fueron rediseñados tras pedidos del gremio, con dimensiones ampliadas.
Observaciones y participación de actores
En la fase técnica, la defensa de los comerciantes planteó inquietudes sobre movilidad, flujo peatonal y costos. También cuestionó la viabilidad económica del proyecto.
Uno de los momentos clave surgió cuando el juez consultó sobre el término "caseta". Expertos en ingeniería y arquitectura indicaron que las estructuras observadas no corresponden a esa categoría.
El juez solicitó informes técnicos a los gremios profesionales presentes, con el fin de contar con criterios especializados sobre la obra.
Decisiones y medidas adoptadas
En la parte final, el juez dispuso la instalación de mesas de diálogo entre el Municipio y la Federación 3 de Julio. Estas reuniones contarán con participación de la Defensoría del Pueblo y otros actores.
El magistrado fue claro: habrá diálogo y ya no marchas. Con esta disposición, ordenó el cese definitivo de protestas, plantones, que los comerciantes hacen cada martes, y confrontaciones verbales.
Además, anunció que en los próximos días formalizará la convocatoria a las mesas, definiendo fecha y lugar en un espacio neutral para garantizar condiciones equitativas.
Finalmente, las partes aceptaron participar en el proceso de diálogo, aunque persisten diferencias sobre aspectos técnicos y económicos del proyecto. El juez insistió en mantener canales abiertos y priorizar acuerdos.
