Un total de 30 personas fueron detenidas en Quito durante la primera jornada del toque de queda, que inició la noche del domingo 3 de mayo y culminó a las 05h00 de este lunes. Los operativos, ejecutados por más de 4 mil efectivos de la fuerza pública, tuvieron como objetivo garantizar el cumplimiento de la restricción de movilidad dispuesta por las autoridades nacionales para reforzar la seguridad ciudadana.
Para la vigilancia de la capital, las autoridades distribuyeron al personal en 17 puntos de control estratégicos. Uno de los sectores con mayor actividad fue la Plaza Artigas, donde militares y policías bloquearon el paso vehicular. En este punto, se aprehendió a ocho personas en menos de 20 minutos, incluyendo a conductores que intentaron evadir el cerco y a un ciudadano presuntamente en estado etílico.
Los detenidos dieron varias excusas a la autoridad
En el Redondel del Ciclista, al norte de la ciudad, se reportó la detención de una pareja que viajaba desde la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Simultáneamente, en el sector de El Condado, los uniformados interceptaron a una pareja de turistas que se desplazaba en un taxi.
Durante los procedimientos, los ciudadanos detenidos presentaron diversas justificaciones ante la autoridad. Algunos alegaron que retornaban de viaje tras el feriado o que se encontraban en la búsqueda de medicamentos al momento de iniciar la restricción.
No obstante, las autoridades recordaron que los únicos desplazamientos permitidos corresponden a Servicios de salud y atención de emergencias. También a gestión de riesgo y miembros de la fuerza pública. Personal de sectores estratégicos con salvoconducto, como fue el caso de trabajadores del Metro de Quito que pudieron circular tras presentar sus permisos legales.
Desobediencia a una orden legítima de autoridad
Los 30 ciudadanos aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde quedaron a órdenes de las autoridades competentes. Según el marco legal vigente, quienes no logren justificar su presencia en la vía pública durante el horario restringido podrían enfrentar procesos judiciales por el delito de desobediencia a una orden legítima de autoridad, cuya sanción oscila entre uno y tres años de pena privativa de libertad.
Los controles continuarán de forma estricta durante las próximas jornadas en todo el Distrito Metropolitano para asegurar el orden público y el respeto a la normativa excepcional.
