El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) anunció que el desplazamiento hacia y desde los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Manta y Santa Rosa estará garantizado durante el actual periodo de toque de queda. La medida busca asegurar la continuidad de los servicios aeroportuarios y facilitar el traslado de pasajeros y trabajadores desde el 3 hasta el lunes 18 de mayo de 2026, bajo estrictos protocolos de control.
Para transitar durante las horas de restricción, comprendidas entre las 23h00 y las 05h00, el Ejecutivo estableció requisitos específicos. Los pasajeros y los familiares que realicen el traslado deberán portar obligatoriamente el pase de abordar (boarding pass), ya sea en formato físico o digital.
El toque de queda será hasta el lunes 18 de mayo
Por otro lado, el personal vinculado a la operación aérea deberá presentar su credencial institucional o un documento oficial que acredite su relación laboral con el sector. Estas disposiciones permitirán a la Fuerza Pública agilizar la verificación en los puntos de control y evitar detenciones innecesarias.
La restricción de movilidad rige en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Santa Elena, Pichincha, Manabí, Sucumbíos y Esmeraldas. Asimismo, se incluyen los cantones de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).
El Gobierno Nacional ratificó que no se emitirán salvoconductos. Además del sector aeroportuario, únicamente están habilitados para circular los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas; personal sanitario y de emergencia. Funcionarios de gestión de riesgos y desastres; también aquellas personas que justifiquen motivos de fuerza mayor.
Autoridad competente constituye un delito
Las autoridades recordaron que el respeto al toque de queda es de cumplimiento obligatorio. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente constituye un delito. Aquellos ciudadanos que circulen sin la debida justificación o documentación requerida se exponen a procesos penales que conllevan penas privativas de libertad de uno a tres años.
Con este operativo, el Ministerio de Infraestructura busca equilibrar las medidas de seguridad nacional con la operatividad del transporte aéreo, manteniendo la conectividad internacional y doméstica de las principales ciudades del país durante las dos semanas de vigencia de la norma.
