El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó este lunes 4 de mayo de 2026, en Quito, la vigencia de la sanción de suspensión de derechos políticos contra Javier Pincay Salvatierra, alcalde de Portoviejo, al considerar que no se ha cumplido de manera material la sanción impuesta.
La decisión se basa en informes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Ministerio del Trabajo, que confirman la existencia de impedimentos legales para ejercer cargos públicos.
El TCE mantiene vigente la sanción electoral
El juez Joaquín Viteri Llanga, del Tribunal Contencioso Electoral, dispuso no atender el pedido presentado por Pincay al considerarlo improcedente, ratificando así la continuidad de la sanción. La resolución se emitió dentro de la causa Nro. 109-2023-TCE, relacionada con la ejecución de sentencia y verificación de cumplimiento.
El fallo se sustenta en documentación remitida por el CNE y el Ministerio del Trabajo, así como en escritos presentados por el propio Javier Pincay los días 24 y 29 de abril de 2026. Según el tribunal, dichos argumentos no incorporan nuevos elementos que permitan modificar lo previamente resuelto.
Diferencia entre cumplimiento formal y material
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la distinción entre el registro formal de la sanción y su cumplimiento efectivo. El TCE señaló que, si bien la suspensión consta en los sistemas oficiales, no se ha acreditado su ejecución material en la práctica.
En este contexto, el tribunal precisó que la rehabilitación de derechos políticos es competencia exclusiva del juez ejecutor, por lo que no procede levantar la sanción sin que se verifique plenamente su cumplimiento. Esta interpretación mantiene vigente la restricción de derechos de participación del funcionario.
Informes oficiales confirman impedimentos legales
El Consejo Nacional Electoral informó que la sanción se encuentra registrada en sus sistemas, mientras que el Ministerio del Trabajo emitió el certificado de impedimentos legales Nro. CIWEB20005573006. Este documento confirma que Javier Pincay no puede ejercer cargos públicos debido a la sanción vigente.
Además, el tribunal ordenó notificar al funcionario con la documentación remitida por ambas instituciones, así como a las demás partes del proceso, incluyendo a José Miguel Mendoza Rodas. La resolución también dispone su publicación en la cartelera virtual del organismo.
Impacto en el ejercicio del cargo público
La decisión del TCE implica que Javier Pincay continúa suspendido en sus derechos políticos, lo que, según la normativa constitucional ecuatoriana, limita su capacidad para ejercer funciones públicas. Entre los derechos afectados se encuentran elegir y ser elegido, participar en asuntos de interés público y desempeñar cargos en el sector público.
De acuerdo con resoluciones previas del propio tribunal, la suspensión de derechos de participación de una autoridad electa puede derivar en la imposibilidad legal de continuar en funciones, al quedar inhabilitados los derechos establecidos en el artículo 61 de la Constitución.
Antecedentes del proceso judicial
El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Javier Pincay no asistió a un debate electoral debido a un atentado que afectó su salud. A partir de ese hecho se inició una acción legal por incumplimiento de una obligación electoral.
Aunque el funcionario señaló haber obtenido fallos favorables en instancias previas, el caso llegó al TCE, donde en apelación se le impuso una sanción que incluyó una multa equivalente a 21 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por dos años.
Controversia sobre el cumplimiento de la sanción
Javier Pincay sostiene que ya cumplió con la sanción, incluyendo el pago de la multa y el transcurso del tiempo establecido. Incluso afirmó que el proceso fue archivado en octubre de 2025 al considerarse cumplida la pena.
Sin embargo, el TCE reactivó el expediente bajo el argumento de que el periodo de suspensión no se ha completado en su totalidad. Esta discrepancia constituye el eje central del conflicto legal actual y mantiene vigente la controversia sobre la situación jurídica del alcalde.
