El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) mantiene activo un proceso sancionatorio contra Luisa González y Andrés Arauz, candidatos presidenciales de Revolución Ciudadana en las elecciones anticipadas de 2023, por presuntas irregularidades en la administración de los fondos de su campaña electoral.

La denuncia fue interpuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que cuestionó la justificación y el registro de los aportes privados declarados por la organización política durante esa contienda.

Según los antecedentes del caso, la acusación contra González y Arauz apunta a inconsistencias en los informes financieros que la agrupación presentó ante las autoridades electorales al término de la campaña presidencial. La causa, que se tramita formalmente en el TCE desde finales de 2025, también involucra a los responsables económicos que administraron dichos recursos, ampliando así el alcance de la investigación más allá de los candidatos principales.

La multa establecida asciende a $18.000 y se enmarca dentro de una serie de investigaciones electorales abiertas contra figuras vinculadas al correísmo, movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa desde el exterior.

Alega persecución política contra González y Arauz

En paralelo al desarrollo del proceso judicial, la dirigencia de Revolución Ciudadana ha sostenido públicamente que las actuaciones del TCE responden a una persecución política. El movimiento llegó a advertir, meses atrás, que existiría una intención deliberada de debilitar o suspender a la organización a través de las sanciones derivadas de estas investigaciones.

Este escenario se produce en un momento de particular vulnerabilidad institucional para el partido. La justicia electoral impuso a RC una suspensión de nueve meses, medida que limita su capacidad de participar directamente en el proceso de elecciones seccionales previsto para noviembre de 2026.

La acumulación de procesos abiertos contra la organización ha generado un ambiente de incertidumbre interna sobre el futuro electoral del movimiento y la situación legal de sus principales figuras.

La dirigencia confirma un partido alterno para las seccionales de 2026

Ante la imposibilidad de competir bajo su propia denominación, la presidenta de RC, Gabriela Rivadeneira, confirmó en rueda de prensa que la agrupación cuenta con un partido político habilitado que servirá como plataforma para sus candidatos en las próximas elecciones seccionales. Bajo esa estructura, quienes aspiren a reelegirse o postularse a nuevas dignidades podrán inscribir sus candidaturas.

No obstante, Rivadeneira precisó que el nombre de esa organización no será revelado públicamente, argumentando el riesgo de que sea objeto de alguna medida de exclusión del proceso electoral. La dirigente señaló que, en su criterio, los partidos políticos todavía no están exentos de ser separados de la contienda.

El correísmo ante un escenario electoral condicionado por procesos judiciales

La situación que atraviesa Revolución Ciudadana combina frentes abiertos en el ámbito judicial electoral con restricciones operativas para su funcionamiento como partido. El proceso contra González y Arauz se suma a otras investigaciones que pesan sobre figuras del movimiento, configurando un panorama institucional complejo para la agrupación de cara al ciclo electoral de 2026.

El TCE, por su parte, continúa con la tramitación de los expedientes en curso, entre ellos el relacionado con las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas, sin que hasta el momento se haya emitido una resolución definitiva sobre la sanción económica confirmada.