La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) informó que a lo largo de este año ha disuelto 5.098 sociedades y cancelado 1.750 compañías a nivel nacional. Estas acciones, basadas en el artículo 20 de la Ley de Compañías, se centran en garantizar un entorno empresarial ordenado. Las resoluciones de disolución se notifican oficialmente a las empresas afectadas y posteriormente se remiten al Registro para su inscripción formal.
La SCVS lleva a cabo estas medidas con precisión para mantener un catastro societario actualizado. Cada resolución asegura que las compañías cumplan con las normativas vigentes.
Superintendencia de Compañías avanza en la regulación empresarial
La Superintendencia de Compañías detalló en un comunicado que la depuración societaria forma parte de un proceso anual que realiza con rigor. Este esfuerzo garantiza un registro societario limpio y confiable, esencial para el desarrollo económico.
Por ello, exhortan a las empresas a revisar sus registros regularmente porque la actualización constante de datos societarios es clave para evitar disoluciones o cancelaciones.
Asimismo, anunciaron que mantendrán la revisión de disolución y cancelación de compañías durante todo el 2025. Si se detectan nuevos casos de incumplimiento legal, se aplicarán medidas inmediatas.
Compromiso de la SCVS con el desarrollo nacional
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) de Ecuador es un organismo técnico con autonomía administrativa y económica. Su función principal es vigilar y controlar la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de compañías y otras entidades. Además, promueve un mercado de valores organizado, transparente y eficiente. Su labor asegura que las actividades económicas se ajusten al ordenamiento jurídico.
De igual manera, la SCVS supervisa el mercado de valores y el sector de seguros privados, contribuyendo al desarrollo empresarial del país. A través de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, regula y fiscaliza la negociación de valores. También implementa normativas basadas en riesgos para garantizar estabilidad y solvencia. Estas acciones protegen a los consumidores y fomentan transparencia en el sector.
