Aquiles Alvarez enfrenta un escenario determinante tras la sesión ordinaria celebrada este jueves 16 de abril en Guayaquil. Los integrantes del Concejo Cantonal establecieron las bases operativas para ejecutar el proceso de remoción del burgomaestre actual.
La concejala Emily Vera presentó la moción oficial durante el debate público. Esta iniciativa legislativa buscó modificar la estructura de la Comisión de Mesa. Los ediles de la ciudad aprobaron el cambio para asegurar la transparencia institucional exigida.
Nueva integración de mesa sobre Aquiles Alvarez
Según el marco legal del COOTAD, el alcalde Aquiles Alvarez y la vicealcaldesa carecen de facultad para integrar este organismo específico. "No podían ser parte del proceso", explicó Vera sobre la incompatibilidad de funciones detectada.
Arturo Escala y Ana Fuentes asumieron las vacantes dentro de la instancia fiscalizadora. Ambos funcionarios trabajarán junto al concejal Terry Álvarez en el análisis técnico. El equipo revisará la denuncia presentada originalmente el pasado 9 de abril.
El procedimiento legal contra Aquiles Alvarez
La designación de los nuevos miembros garantiza la imparcialidad necesaria durante el trámite. Escala prefirió abstenerse de votar por su propio nombre durante la sesión parlamentaria. "No voy a votar por mí", soltó el edil ante el pleno.
El bloque del Partido Social Cristiano mantiene una vigilancia activa sobre los plazos. Ana Chóez y Cinthia García remitieron un oficio formal al secretario Magno Marriott. El documento exige claridad absoluta sobre el avance del expediente administrativo.
Votos necesarios para el futuro de Aquiles Alvarez
La Comisión de Mesa deberá emitir un informe técnico basado en la denuncia ciudadana. Posteriormente, el pleno del Concejo Cantonal decidirá la continuidad de la autoridad máxima. El tablero político local muestra una fragmentación de fuerzas evidente.
La remoción de Aquiles Alvarez requiere el respaldo de las tres cuartas partes del cuerpo colegiado. Diez votos representan la cifra mínima para concretar la salida del cargo. Los ciudadanos esperan una resolución apegada a la normativa jurídica vigente.
