El movimiento Revolución Ciudadana (RC), representado por Gabriela Rivadeneira, confirmó este 9 de marzo de 2026 que participará en las elecciones seccionales de febrero de 2027 con candidatos propios. Pese a la suspensión provisional por nueve meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La decisión del juez Joaquín Viteri, emitida el 6 de marzo en Quito, responde a una denuncia del fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, en el marco de la investigación por delincuencia organizada con fines de lavado de activos en el caso Caja Chica. Sin embargo, la Revolución Ciudadana impulsará acciones legales para anularla y asegurar su presencia en los comicios locales.

"La suspensión no impedirá nuestra participación"

En rueda de prensa, Rivadeneira reiteró que la suspensión no impedirá su participación en las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales programadas para el 14 de febrero de 2027 por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Como esto va a caerse por su propio peso, porque no hay ningún justificativo legal, la RC5 va a participar en las próximas elecciones de los gobiernos locales y lo vamos a hacer con nuestros cuadros políticos de hombres y mujeres a nivel de todo el territorio ecuatoriano", 

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana

Acciones legales para garantizar participación

Rivadeneira anunció que Revolución Ciudadana aplicará todas las medidas judiciales contempladas en la Constitución, el Código de la Democracia, el Código Penal y organismos internacionales para buscar la nulidad inmediata de la suspensión.

"Hemos empezado el día de ayer y vamos a continuar porque por donde miremos hay causales para pedir la nulidad inmediata de esta medida y lo vamos a hacer en el ámbito jurídico y penal", reiteró la dirigente.

El abogado Gabriel Rivera, representante de Revolución Ciudadana, indicó que desde la madrugada del 9 de marzo se enviaron escritos al despacho de Viteri, incluyendo un pedido de nulidad y una solicitud de revocatoria a la denuncia fiscal presentada el 4 de marzo. Si alguien quiere defender la democracia y el estado de derecho, "vamos a participar como RC 5 en esa papeleta y enmarcados en las reglas de juego que establece la Constitución vigente del Ecuador", puntualizó Rivadeneira.

Apelaciones internacionales y organización interna

Revolución Ciudadana acudirá a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).

Rivadeneira reveló que recibieron llamadas internacionales de solidaridad y que la militancia realizará acciones de organización territorial para demandar el respeto a la participación política, un derecho ciudadano vulnerado por la suspensión.

Internamente, la estructura orgánica de Revolución Ciudadana  preparará cuadros políticos para los comicios. El abogado Diego Guarderas, defensor en el caso Caja Chica, rechazó la medida al argumentar que el delito de delincuencia organizada aplica solo a personas naturales, no a la organización. "La Revolución Ciudadana va a participar en las próximas elecciones de gobiernos locales", enfatizó Rivadeneira, insistiendo en que la suspensión carece de procedimiento legal.

Contexto de la Investigación y Reacciones Políticas

El caso Caja Chica investiga un presunto esquema de lavado de activos con fondos ilícitos del exterior para la campaña presidencial de 2023, involucrando a dirigentes correístas. La Fiscalía impulsó la suspensión bajo el artículo 374 del Código de la Democracia, que permite medidas provisionales durante investigaciones.

Rivadeneira vinculó la decisión a una persecución política del gobierno de Daniel Noboa, citando casos como la detención de Jorge Glas, el allanamiento a la vivienda de Luisa González y el retiro de inmunidad a Juan González. "Daniel Noboa es un autócrata tomando decisiones y manipulando a las instituciones del Estado para su conveniencia", dijo.