El movimiento político Revolución Ciudadana (RC) confirmó este 7 de mayo de 2026 que ha concretado alianzas con diversas agrupaciones de carácter provincial y nacional para asegurar su participación en la contienda electoral del próximo 29 de noviembre. A pesar del anuncio, la dirigencia nacional ha decidido mantener bajo estricto sigilo los nombres de las organizaciones aliadas. Esta estrategia busca garantizar que sus cuadros puedan figurar en la papeleta electoral, debido a que el movimiento se encuentra actualmente impedido de inscribir candidaturas propias.

Durante una declaración de prensa en su sede en Quito, la presidenta de la organización, Gabriela Rivadeneira, hizo un llamado a la militancia para prepararse para la campaña. No obstante, enfatizó que la reserva de los nombres de los partidos auspiciantes es una medida de seguridad política. La RC pretende evitar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inicien procesos que puedan comprometer la personería jurídica de las agrupaciones que han decidido acoger a sus líderes locales.

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Estrategia de sigilo ante organismos electorales

Rivadeneira explicó que la desconfianza hacia los organismos de control electoral es el motivo principal para no revelar con qué listas participarán. Según la dirigente, las recientes reformas al Código de la Democracia y las actuaciones de las autoridades del CNE generan un entorno de incertidumbre. La organización teme que, de hacerse públicos los acuerdos, las entidades aliadas sufran suspensiones o cancelaciones administrativas antes de que finalice el proceso de elecciones primarias.

"Nos damos cuenta de que las organizaciones políticas no están a salvo; aún pueden ser suspendidas y canceladas", expresó la presidenta de la RC. Por ello, la dirigencia considera que la protección de sus aliados es vital para asegurar que el movimiento liderado por el exmandatario Rafael Correa mantenga presencia territorial en los gobiernos locales. La decisión de operar desde la reserva busca mitigar lo que consideran una persecución administrativa y judicial.

Suspensión legal y el caso Caja Chica

El contexto legal de la Revolución Ciudadana es complejo; el movimiento se encuentra suspendido desde el 6 de marzo pasado y permanecerá en ese estado hasta después de las elecciones de noviembre. Esta medida fue ratificada por el juez del TCE, Joaquín Viteri, tras recibir una notificación de la Fiscalía General del Estado. La institución, a través del fiscal subrogante Leonardo Alarcón, informó sobre una investigación previa por presunto lavado de activos dentro del denominado caso Caja Chica.

Debido a este proceso judicial, Revolución Ciudadana no posee la facultad de utilizar su propio número de lista ni sus símbolos oficiales para los próximos comicios. Esta situación ha forzado a su dirigencia a entablar diálogos intensos con otros dirigentes políticos para que sus perfiles sean "cobijados". El objetivo de la RC es canalizar su caudal electoral a través de estructuras jurídicamente habilitadas, permitiendo que sus precandidatos compitan por los cargos de elección popular.

Magnitud de la contienda electoral de noviembre

Las elecciones del 29 de noviembre de 2026 representan un reto logístico y político de gran envergadura para el país. En esta jornada, los ecuatorianos elegirán a un total de 5.742 autoridades, que incluyen prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, además de vocales de las juntas parroquiales. La Revolución Ciudadana aspira a captar una parte significativa de estos escaños mediante su red de alianzas estratégicas provinciales.

Los ciudadanos deberán elegir a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La RC busca que esta elección sea un termómetro de su fuerza política, a pesar de las limitaciones legales que enfrenta. La dirigencia asegura que, una vez blindadas las candidaturas y superadas las etapas de impugnación, se darán a conocer los detalles de las coaliciones políticas que representarán sus intereses en las urnas.