El juez de la Corte Constitucional, Raúl Llasag Fernández, renunció a su cargo el 8 de abril de 2026 en Ecuador, en medio de investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado sobre el patrimonio de magistrados, mientras el Pleno del organismo debe conocer y resolver su dimisión conforme a la ley.

La renuncia de Raúl Llasag Fernández se produjo en un escenario marcado por indagaciones institucionales. Según fuentes del organismo, el magistrado presentó su dimisión alegando motivos de salud, lo que activa un procedimiento formal dentro del máximo órgano de control constitucional.

El trámite establece que el Pleno de la Corte Constitucional debe conocer y aceptar la renuncia. Este proceso se rige por el artículo 185 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y su reglamento vigente. Para que la salida del juez sea válida, se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los votos del Pleno. Este mecanismo ya se aplicó en casos anteriores dentro del mismo organismo.

Procedimiento y antecedentes en la Corte

El procedimiento para aceptar la renuncia sigue parámetros similares a los usados en la salida de la jueza Teresa Núques Martínez, quien dejó el cargo anteriormente. En ese caso, el Pleno resolvió su reemplazo con base en las normas vigentes.

Raúl Llasag Fernández asumió funciones como juez titular en julio de 2025, tras su posesión para el periodo 2025-2028. Su designación ocurrió dentro del proceso regular de renovación parcial del organismo. La normativa vigente establece que cualquier vacante debe resolverse mediante mecanismos institucionales. Estos garantizan la continuidad del funcionamiento de la Corte Constitucional.

La renuncia ocurre mientras la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal contra los jueces José Luis Terán y Alí Lozada. Estas indagaciones se originan en informes de la Contraloría General del Estado. Los reportes señalan supuestas inconsistencias en declaraciones patrimoniales de varios magistrados. En este contexto, las autoridades analizan posibles responsabilidades legales.

El 2 de abril, el contralor Mauricio Torres informó que seis jueces de la Corte Constitucional están bajo examen. Detalló que tres ya completaron su revisión, tres siguen en proceso y otros tres iniciarán en los próximos días.

Posición institucional y contexto

El contralor explicó que los informes con indicios de responsabilidad penal se remiten directamente a la Fiscalía. Esta entidad determina si existen elementos para configurar delitos como el enriquecimiento ilícito. En paralelo, la Corte Constitucional del Ecuador emitió un comunicado el 1 de abril de 2026. En el documento expresó su preocupación por presiones sostenidas desde 2025 que podrían afectar la independencia judicial.

El organismo señaló en su pronunciamiento: "existen presiones sostenidas que podrían afectar la independencia judicial", sin detallar casos específicos. Esta declaración se dio antes de conocerse la renuncia del juez. La decisión de Raúl Llasag Fernández se produce en este contexto institucional. Ahora, el Pleno deberá resolver su situación conforme a la normativa vigente y definir los pasos a seguir.