Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, advirtió que la multa de USD 18.400 impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a miembros del colectivo ambientalista Yasunidos afecta la independencia y los derechos políticos de los activistas.
Satterthwaite consideró preocupante la sanción aplicada por una discrepancia contable de apenas USD 0,39 en los informes de cuentas de campaña de la consulta popular de 2023. El pronunciamiento fue emitido la tarde de este viernes 17 de abril de 2026. Yasunidos impulsó la consulta popular realizada en 2023, en la que casi el 59 % de más de 10 millones de votantes optaron por prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
La relatora recordó que la sanción se dicta mientras el Estado ecuatoriano, según la información disponible, aún no ha implementado ni la decisión popular ni el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
Sanción por supuestas irregularidades contables
A inicios de abril de 2026, el TCE impuso la multa de USD 18.400 a integrantes del colectivo por supuestas irregularidades en la presentación de los informes económicos de la campaña de la consulta popular. Además de la sanción económica, se solicitó la suspensión de los derechos políticos por cuatro años para varios de sus miembros.
El colectivo Yasunidos sostiene que entregó los informes dentro del plazo establecido y califica la medida como una represalia por sus recientes denuncias contra la nueva ley minera.
Contexto de la consulta popular de 2023
La consulta popular del 20 de agosto de 2023 fue el primer mecanismo de participación directa que logró detener la extracción de petróleo en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), ubicado en el corazón del Yasuní.
La pregunta recibió el respaldo mayoritario de la ciudadanía y marcó un precedente en la protección de áreas protegidas y derechos de la naturaleza. Hasta la fecha, el Estado no ha completado la implementación de los resultados de esa consulta ni ha acatado el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la protección del Yasuní.
Pronunciamiento de la experta de la ONU
Margaret Satterthwaite, en su calidad de relatora especial de la ONU, enfatizó que este tipo de sanciones pueden generar un efecto disuasorio sobre la labor de defensa ambiental y el ejercicio de derechos políticos.
La experta vinculó directamente la multa con la relevancia que tuvo Yasunidos en el proceso democrático de 2023. El pronunciamiento se produce en un momento en que el colectivo continúa su trabajo de vigilancia ambiental y fiscalización de políticas públicas relacionadas con la extracción de recursos naturales.
Estas declaraciones de la relatora especial forman parte de su mandato de monitoreo internacional sobre independencia judicial y garantía de derechos humanos en procesos electorales y de participación ciudadana.
