La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continuó con el análisis técnico para el segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato. Durante la sesión formal, los especialistas en derecho Francisco Paredes y Juan Arévalo expusieron observaciones orientadas a fortalecer la normativa legal vigente y garantizar una mayor seguridad jurídica en las relaciones contractuales por concepto de alquileres dentro del territorio ecuatoriano, buscando equilibrar las obligaciones de las partes.
La propuesta central de los comparecientes gira en torno a viabilizar mecanismos eficientes que dinamicen la resolución de controversias y se adapten a la realidad del mercado inmobiliario actual, en el contexto de alquileres. El tratamiento de este cuerpo legal responde a la necesidad de actualizar un marco normativo que requiere precisiones técnicas sobre los deberes de propietarios y ocupantes, además de la incorporación formal de modalidades de ocupación habitacional que carecen de un control específico en la ley matriz.
Límites a la mediación y devoluciones de garantías
El especialista en derecho internacional, Francisco Paredes, destacó la pertinencia de incorporar una etapa previa de mediación como una vía obligatoria para resolver los conflictos que surgen en el contexto de alquileres antes de acudir a las instancias judiciales. No obstante, el jurista advirtió que es indispensable regular de manera estricta los plazos de este beneficio para evitar que los procesos se extiendan innecesariamente, afectando el derecho a una justicia pronta.
Para solucionar esta problemática, Paredes propuso establecer un límite máximo de tres meses para la duración de dicha mediación, junto con sanciones económicas para las actuaciones de mala fe que busquen dilatar de forma deliberada el inicio de una demanda formal. Asimismo, la mesa legislativa analizó la inclusión de un plazo técnico perentorio para la devolución de garantías por parte de los arrendadores al finalizar la relación contractual.
Regulación integral del mercado de rentas temporales
Por su parte, el experto Juan Arévalo señaló que las reformas deben proteger de forma equitativa el derecho a la vivienda, la propiedad privada y el dinamismo comercial. Explicó que los arrendatarios necesitan amparo frente a cobros indebidos y condiciones inseguras de habitabilidad, mientras que los arrendadores requieren normativas claras para ejecutar cobros oportunos o recuperar sus bienes inmuebles en casos flagrantes de morosidad prolongada.
Arévalo enfatizó que la ley actual solo norma la larga estancia, dejando de lado las modalidades de media y corta duración. Detalló que en el país existen aproximadamente 9.000 unidades destinadas a los alquileres temporales, un sector en crecimiento que urge de regulación detallada. Como antecedente, recordó que el Ministerio de Turismo expidió en 2023 un reglamento que obliga a los municipios a estructurar un registro técnico de estos espacios de hospedaje.
