El concejal de Vinces, Miguel M., su esposa Leidy N. y su hermano Henry M. recibieron prisión preventiva el 24 de marzo, en Vinces, tras una investigación por presunta comercialización de medicamentos falsificados que representarían un riesgo para la salud pública.
El juez César Hermida dictó la medida luego de la audiencia de formulación de cargos desarrollada la madrugada del martes. La decisión se enmarca en un proceso que indaga una supuesta red de venta de medicamentos irregulares en el país.
Además, el magistrado dispuso medidas alternativas para otros tres involucrados. Se trata de Consuelo M., Dayanara C. y el médico Carlos F.. Ellos no podrán salir del país y deberán presentarse cada lunes ante la Fiscalía. Las autoridades justificaron estas medidas por condiciones de salud y, en un caso, por la protección de una menor. En el caso de Dayanara C., se consideró su edad y su vínculo familiar, con el objetivo de precautelar el interés superior de la niña.
Operativo y hallazgos
El caso se originó tras un operativo ejecutado el lunes 23 de marzo en Vinces y Guayaquil, donde la Policía retuvo a los implicados. La intervención se realizó como parte de una investigación previa sobre la venta irregular de fármacos.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, los procesados habrían adquirido medicamentos desde países como Turquía y Bangladesh. Luego, los comercializaban en Ecuador mediante redes sociales y otros canales informales. Los productos estaban dirigidos a pacientes con enfermedades catastróficas, como el cáncer. Se ofrecían a precios más bajos que el mercado, donde una caja puede costar entre $ 6.000 y $ 8.000, lo que facilitaba su venta.
Riesgos para la salud
El ministro indicó que los medicamentos no contaban con los componentes químicos adecuados ni con estudios que respalden su uso. Esta situación implicaba un grave riesgo sanitario para los pacientes que los adquirían. "Era una estafa: entregaban medicamentos que no servían realmente para las enfermedades", afirmó Reimberg, al referirse a los resultados preliminares de la investigación.
Durante los allanamientos, las autoridades encontraron más de 200 cajas vacías, que eran utilizadas para reenvasar los productos con otras etiquetas. Este procedimiento buscaba simular autenticidad y facilitar su comercialización. El proceso judicial continúa en etapa de instrucción fiscal. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red y posibles nuevos implicados.