La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional aprobó, con nueve votos afirmativos, el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales. No obstante, la resolución de la mesa legislativa este martes 5 de mayo no fue avanzar con el proceso, sino recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo definitivo de la propuesta. Según el informe, la normativa presenta deficiencias estructurales que impiden una regulación segura y democrática del entorno digital en el país.
La decisión se fundamenta en que el proyecto actual carece de una base técnica sólida y no se alinea con los estándares constitucionales ni con los tratados internacionales de derechos humanos. La presidenta de la comisión, Cecilia Baltazar, explicó que, si bien es necesario legislar sobre el vacío normativo en internet, no se puede adoptar una ley imprecisa. La mesa legislativa exhortó a los asambleístas a trabajar en una nueva propuesta integral que proteja eficazmente a los usuarios sin comprometer principios fundamentales.
Riesgos a la libertad de expresión y derechos de menores
Uno de los puntos críticos señalados en el informe es que el proyecto de ley no garantiza la libertad de expresión. Al omitir criterios de necesidad y proporcionalidad, la propuesta contravenía la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el rol de las plataformas digitales en la democracia moderna. Se determinó que la ambigüedad en su redacción podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales, lo que facilitaría posibles formas de censura estatal o restricciones arbitrarias al pensamiento ciudadano.
Asimismo, la comisión evidenció que la normativa era insuficiente para salvaguardar a niñas, niños y adolescentes, considerados un grupo de atención prioritaria. El texto original no establecía mecanismos claros para prevenir riesgos específicos como la afectación a la salud mental, la vulneración de la privacidad o la exposición a contenidos nocivos. Esta debilidad técnica fue determinante, pues el objetivo de proteger a los menores de edad no se cumplía de manera efectiva con los artículos propuestos.
Incoherencia legal y duplicidad normativa
En materia de protección de datos personales, la comisión detectó que el proyecto no guardaba coherencia con la ley vigente en esa materia. Esta desconexión generaba una duplicidad normativa que, en la práctica, debilitaría la protección de la información personal en lugar de fortalecerla, provocando conflictos legales entre diferentes leyes. La falta de claridad en las definiciones de competencias y obligaciones de las plataformas digitales comprometía directamente la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano.
El informe analizado en la Asamblea concluye que la propuesta carecía de la claridad normativa necesaria para ser aplicada. Al incluir disposiciones vagas sobre mecanismos de control, el proyecto generaba más riesgos que beneficios para la sociedad civil. Por tanto, se determinó que la ley, aunque partía de una preocupación legítima por regular el ciberespacio, afectaba la coherencia del ordenamiento jurídico nacional y ponía en riesgo derechos fundamentales que son pilares de la convivencia democrática.
El origen de la propuesta y su contenido inicial
Originalmente, el proyecto de Ley de Redes Sociales buscaba establecer un marco para el uso responsable de las plataformas, abordando problemas como el cyberbullying, la suplantación de identidad y la difusión de noticias falsas o fake news. La propuesta planteaba obligaciones para que las empresas tecnológicas establecieran mecanismos de denuncia más rápidos y sanciones para quienes utilizaran estas herramientas para cometer ilícitos. Sin embargo, estas intenciones fueron calificadas como "imprecisas" por la comisión técnica.
A pesar de la recomendación de archivo, los legisladores reconocieron la existencia de un vacío legal en la regulación del entorno digital en Ecuador. La intención ahora es promover una nueva iniciativa que realmente garantice una regulación equilibrada. Esta futura propuesta deberá enfocarse en la alfabetización digital y en la protección del usuario, pero asegurando siempre que internet se mantenga como un espacio libre de injerencias políticas que limiten el debate público y la participación ciudadana.
