Personal militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador realizó una operación e inhabiliató maquinaria usada en minería ilegal. La intervención, basada en información de inteligencia militar, se llevó a cabo en comunidades aledañas a ríos y áreas de difícil acceso, con el objetivo de frenar la extracción ilícita de minerales que genera daños ambientales y afecta la seguridad territorial.
En el control, no se reportaron detenciones en esta acción específica, aunque operaciones similares en la zona han incluido decomisos y afectaciones económicas significativas a las estructuras involucradas.
Operación militar
El Ejército ecuatoriano, como componente de las Fuerzas Armadas, ejecutó la acción en respuesta a reportes de actividades no autorizadas en la zona. Durante la intervención, los efectivos localizaron y procedieron a la inhabilitación —en algunos casos mediante detonación controlada— de equipos como excavadoras, bombas de succión, dragas y clasificadoras tipo Z, elementos esenciales para la extracción de cedimento en los ríos.
Estas operaciones son parte del control del territorio y la protección de los recursos naturales. Las autoridades destacaron que la medida busca no solo interrumpir las labores ilícitas inmediatas, sino también generar una afectación económica que limite la capacidad operativa de los grupos dedicados a esta práctica.
Afectación ambiental
La provincia de Napo, con su rica biodiversidad y presencia de ríos como el Napo y sus afluentes, ha sido escenario recurrente de este tipo de intervenciones. Sectores como Puerto Misahuallí, Puni Bocana o comunidades aledañas han concentrado acciones similares, donde se han identificado campamentos improvisados y equipos pesados operando sin concesiones ni permisos ambientales.
En una operación documentada en el cantón Tena, se inhabilitaron una excavadora y una bomba de succión, con una afectación estimada cercana a los 100.000 dólares. Otras intervenciones en la provincia han incluido la destrucción de dragas, motores de succión y clasificadoras, sumando afectaciones que oscilan entre decenas de miles de dólares por acción.
Las autoridades ambientales y de control minero han advertido sobre los impactos de estas actividades: contaminación de fuentes hídricas con mercurio y sedimentos, deforestación y afectación a ecosistemas frágiles de la Amazonía ecuatoriana. Además, la minería ilegal se ha vinculado en ocasiones a economías criminales que financian otras actividades ilícitas.
