El asesor ejecutivo municipal, Pedro Zuluaga, informó que el Municipio de Manta no tiene participación operativa ni administrativa en el cobro de la tasa de $5,25 por salvoconducto aplicada a los vehículos nuevos importados. La medida, que debía entrar en vigencia este 1 de mayo de 2026, ha generado el rechazo del sector portuario y automotor por la falta de socialización. 

Según el funcionario, la Empresa Pública de Movilidad de Manta se encuentra bajo intervención estatal desde julio de 2025, por lo que las decisiones actuales dependen del Gobierno central y no del cabildo local.

Desarrollo: Una resolución heredada y en suspenso

Aunque la tasa fue aprobada mediante la Resolución 003 el 18 de abril de 2024, su ejecución se mantuvo congelada durante dos años por la falta de un reglamento claro.

 Zuluaga explicó que, en aquel entonces, el Directorio de la Empresa de Movilidad estableció el plan tarifario, pero la ausencia de una normativa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) sobre la circulación de vehículos sin matrícula impidió su aplicación inmediata.

Actualmente, el escenario ha cambiado debido a la intervención dispuesta por los ministerios de Transporte y del Interior. Bajo este esquema, la Policía Nacional y la administración temporal designada por el Ejecutivo son quienes han activado los controles. El Municipio asegura que no fue notificado formalmente sobre la implementación de este cobro, el cual es exigido antes de que las unidades abandonen las instalaciones de la Terminal Portuaria de Manta (TPM).

Impacto en la logística automotriz nacional

El anuncio del cobro encendió las alarmas en la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE). Roberto Salazar, presidente de la TPM, señaló que la medida añade costos imprevistos a la cadena logística. Manta es un punto estratégico: concentra el 95 % del ingreso de vehículos al país, movilizando cerca de 63 000 unidades anuales, de las cuales 23 000 son para transferencia internacional hacia Perú y Colombia.

La preocupación del sector privado radica en que cualquier incremento en los costos operativos afecta la competitividad de Manta frente a otros puertos regionales. Ante la presión de los gremios, la aplicación de la tasa de $5,25 se encuentra suspendida provisionalmente mientras se desarrollan mesas de diálogo entre los operadores logísticos y la administración interventora de la Empresa de Movilidad.

Competencias y autonomía en debate

El cabildo mantense sostiene que existe un acuerdo ministerial que ratifica la no injerencia de los gobiernos locales en la gestión de empresas de tránsito intervenidas. 

Por lo tanto, la autonomía operativa de la entidad en conflicto recae totalmente en los delegados del Gobierno central. Zuluaga enfatizó que las competencias de seguridad vial y tránsito en el cantón permanecen bajo control estatal.

La activación de estos controles por parte de la Policía Nacional busca regularizar el registro de circulación de unidades nuevas. Sin embargo, la falta de una socialización previa con los concesionarios y operadores ha judicializado y politizado el debate técnico sobre la tasa. Por ahora, el documento de salvoconducto permanece en espera de una resolución definitiva que determine si el cobro se mantiene o se deroga para proteger la logística portuaria.