La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó la madrugada del 5 de mayo de 2025 el operativo "Citaciones" en varios sectores de Quito, donde fueron detenidos siete ciudadanos por el presunto delito de concusión, dentro de una investigación relacionada con supuestos cobros indebidos para agilizar trámites de notificación legal en dependencias vinculadas a la Función Judicial.
Investigación inició por denuncias ciudadanas
De acuerdo con la información policial, el caso se originó a partir de denuncias ciudadanas receptadas durante 2024 a través de la línea 1800-DELITO. Esos reportes permitieron obtener información sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas con hechos de corrupción en el área de citaciones de los Complejos Judiciales Norte y Mejía, en la capital.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública, con apoyo de Fiscalía. Según los elementos recabados, servidores vinculados al área de citaciones habrían utilizado sus funciones para gestionar y priorizar determinadas notificaciones dentro de procesos legales.
Las indagaciones apuntan a que los presuntos implicados habrían coordinado estas actividades mediante líneas de telefonía móvil. En las comunicaciones se habría tratado la gestión de trámites y la recepción de pagos no autorizados, a cambio de agilizar notificaciones judiciales.
Presunto modus operandi
Según la información levantada durante el proceso investigativo, el presunto modus operandi consistía en que servidores públicos del área de citaciones del Consejo de la Judicatura, en Quito, se habrían valido de su cargo para beneficiar a personas interesadas en acelerar trámites de notificación legal.
Las autoridades señalan que los pagos solicitados habrían variado según el valor económico del proceso promovido por la parte interesada. Esos montos, de acuerdo con la investigación, se exigían para direccionar o priorizar la práctica de citaciones dentro de determinados procesos.
En el informe policial se menciona que los investigados fueron identificados con los alias de "Mono", "Cesarín", "Andy", "Marquiño", "Sambo", "Danny", "Lucho", "Rodrigo" y "Don Enrique". La participación individual de cada persona deberá ser determinada por las autoridades competentes durante el proceso judicial.
Nueve allanamientos en Quito
Como parte del operativo "Citaciones", los servidores policiales ejecutaron nueve allanamientos en distintos sectores de Quito. Las intervenciones dejaron como resultado la detención de siete ciudadanos, identificados como José P., Gilberth A., Marcelo F., Luis P., Daniel M., Marco T. y Andrés A.
Durante los allanamientos se levantaron varios indicios relacionados con la investigación. Entre ellos constan 12 terminales móviles, 11 flash memory, tres relojes digitales, una tablet, seis laptops, un disco duro extraíble, un CD, un CPU, seis memorias, un disco duro portátil, un sello de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha y varios documentos.
Los objetos encontrados fueron incorporados como evidencias para el análisis correspondiente. Estos elementos podrían servir para verificar comunicaciones, movimientos documentales y otros datos relacionados con las presuntas actividades investigadas.
Detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad
Tras las intervenciones, los siete ciudadanos detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para continuar con el trámite legal. El caso seguirá bajo investigación de Fiscalía, que deberá reunir los elementos necesarios para sustentar las responsabilidades penales que correspondan.
El presunto delito investigado es concusión, una figura penal relacionada con exigencias o cobros indebidos realizados por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. La situación jurídica de los detenidos deberá resolverse en las audiencias correspondientes, conforme al debido proceso.
Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, los ciudadanos mencionados mantienen su estado de procesados o investigados, según corresponda, y conservan la presunción de inocencia reconocida por la normativa ecuatoriana.
