La audiencia de formulación de cargos del caso Apagón arrancó el 14 de mayo de 2026 en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. La Fiscalía señaló a 21 personas por presunto peculado en contratos firmados entre Celec y la empresa estadounidense Progen durante la crisis energética de 2024. El fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, sostuvo que las supuestas irregularidades provocaron un perjuicio superior a USD 100 millones para el Estado.
El proceso analiza contratos de emergencia para instalar plantas eléctricas en Salitral y Quevedo. Los acuerdos buscaban reducir los cortes de energía que afectaron al país durante 2024. Sin embargo, según la Fiscalía, las centrales nunca operaron.
Entre los investigados aparece el exministro de Energía, Antonio Goncalves. También figuran Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, y Byron Orozco, exgerente encargado de Termopichincha. La investigación incluye a Williamson Andrew Scott, representante de Progen, y a Karla Saud Calero.
La Fiscalía sostiene que varios contratos se aprobaron bajo declaratorias de emergencia. Según Alarcón, ese mecanismo permitió procesos rápidos y adjudicaciones directas. El fiscal afirmó que las evidencias muestran aparentes beneficios para Progen.
Hallazgos técnicos y pagos bajo investigación
Durante la audiencia, Alarcón citó informes técnicos y auditorías sobre los equipos entregados por Progen. Según la exposición fiscal, varios motores tenían inconsistencias en sus placas de fabricación. La Fiscalía indicó que algunos equipos correspondían a modelos fabricados en 2009 y 2019. El contrato exigía motores modelo 2024 y sin uso previo.
Además, el fiscal aseguró que los motores tenían doble numeración y estampados que impedían verificar las series originales. Según la investigación, la empresa fabricante Electro Motive Diesel confirmó problemas sobre la operatividad de los equipos. Otro informe, presentado por la Contraloría General del Estado, señaló que algunos generadores no tenían fecha visible de fabricación. El fiscal afirmó que estas observaciones reforzaron las dudas sobre la procedencia de la maquinaria.
La investigación también expuso incumplimientos en la ejecución de obras en Quevedo. Según la Fiscalía, las unidades nunca funcionaron en el sitio previsto ni trabajaron con el combustible establecido en el contrato. El fiscal Leonardo Alarcón indicó que solo llegaron 17 de los 20 generadores contratados para Quevedo. La Policía Nacional realizó inspecciones técnicas en los equipos. Según el fiscal, los agentes hallaron superficies cubiertas con pintura y placas ilegibles. También detectaron mezclas de marcas distintas en los motores revisados.
Retrasos, multas y contratos complementarios
La Fiscalía presentó reportes del administrador del contrato sobre el avance de las obras civiles. Según esos documentos, existieron jornadas sin personal operativo en el proyecto. Alarcón señaló que los retrasos provocaron multas superiores a 2,2 millones hasta abril de 2025. A pesar de eso, el 10 de enero de 2025 Progen solicitó cambios en el esquema de pagos.
Según la exposición fiscal, Celec aprobó un contrato complementario un día después. El acuerdo permitió dividir pagos parciales del anticipo por USD 6,9 millones cada uno. El fiscal afirmó que las obras inconclusas y la falta de pólizas derivaron en la terminación unilateral del contrato. También indicó que Celec ejecutó una multa superior al 5 % del valor contractual. La aseguradora emitió un cheque certificado por 4,9 millones tras la terminación del contrato, según la Fiscalía.
Amenazas y testimonios durante la audiencia
Parte de la exposición fiscal se basó en el testimonio de Byron Orozco. El exfuncionario relató que los procesos precontractuales avanzaron en apenas dos días. Orozco explicó que técnicos ecuatorianos viajaron a Houston y Florida para revisar los equipos. Según su versión, la empresa restringió el acceso a teléfonos celulares durante las inspecciones.
El fiscal indicó que los delegados solo observaron un motor desempacado en cada locación. Además, no pudieron revisar todas las unidades por supuestos problemas logísticos. Tras esas visitas, Orozco afirmó que alertó a Fabián Calero sobre posibles inconsistencias. Según la Fiscalía, el entonces gerente respondió que necesitaban pruebas contundentes para frenar el proceso.
Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando Alarcón reveló amenazas contra miembros de la comisión técnica. El fiscal citó un mensaje recibido el 26 de septiembre de 2024. La advertencia decía: "Te ubicamos y a tu familia, te vamos a matar por los contratos torcidos y a los demás".
Según la Fiscalía, el presidente de la comisión técnica no regresó a trabajar al día siguiente. El informe oficial de inspección tampoco se concluyó ni se entregó formalmente. La audiencia fue suspendida la noche del 14 de mayo por el toque de queda vigente. El juez Marco Vinicio Rodríguez dispuso que la diligencia continúe el 15 de mayo desde las 08:30.
