El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los organismos de inteligencia mantienen vigilancia sobre presuntos intentos de soborno vinculados al proceso judicial que enfrenta Darío Macas, alcalde de Machala, tras su detención. Las declaraciones fueron emitidas durante un pronunciamiento público en el que también exhortó a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura a garantizar la transparencia del caso.

Durante su intervención, Reimberg manifestó que el Gobierno dispone de personal de inteligencia desplegado en distintas dependencias para monitorear posibles acciones que busquen influir en las decisiones judiciales.

El ministro afirmó que, según información de inteligencia, existirían personas que intentarían gestionar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, además de buscar certificados o recetas médicas y, presuntamente, ofrecer dinero para favorecer a los procesados. Estas afirmaciones corresponden a declaraciones del funcionario y no han sido confirmadas por las autoridades judiciales.

Advertencia sobre posibles actos de corrupción

Reimberg señaló que se han impartido instrucciones para que los grupos de inteligencia actúen de forma inmediata en caso de detectar presuntos intentos de cohecho durante el desarrollo del proceso judicial.

Según indicó, cualquier persona que intente sobornar a funcionarios judiciales o asumir responsabilidades de manera irregular será detenida si se configuran los elementos legales correspondientes.

Asimismo, hizo un llamado a los operadores de justicia para que las actuaciones se desarrollen conforme a la ley y con independencia, reiterando que la ciudadanía exige procesos transparentes y el combate a la corrupción.

Los detenidos serán puestos a órdenes de la justicia

El ministro informó que las personas detenidas durante el operativo fueron trasladadas inicialmente a dependencias policiales y posteriormente serán presentadas ante la autoridad judicial competente para la audiencia de formulación de cargos o la diligencia que corresponda.

Añadió que será el juez o la jueza que conozca la causa quien determine las medidas cautelares aplicables y, de ser el caso, el traslado de los procesados a un centro de privación de libertad.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura no se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones del ministro respecto a los presuntos intentos de soborno mencionados durante su intervención.