El panorama preelectoral en Ecuador se intensifica en medio de intensas pugnas jurídicas y acusaciones de persecución política. Mery Zamora, subdirectora nacional de Unidad Popular, detalló en una entrevista de Manavisión Plus, la batalla legal y técnica que sostiene el partido Unidad Popular (Lista 2) frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), apuntando directamente a su presidenta, Diana Atamaint, de orquestar un plan para inhabilitar a la oposición de cara a los próximos comicios.

-Mery, ¿cómo va el tema de Unidad Popular? Ustedes afirman que después de la cancelación fallida de la sesión por parte del Consejo Nacional Electoral, este tema no se puede ejecutar. ¿Qué posición tienen ustedes en este momento?

Como es de conocimiento público, llevamos mes y medio batallando política, técnica y legalmente para demostrarle al país, y sobre todo a operadores del poder como Diana Atamaint y su comodín José Merino, que Unidad Popular sí cumple con la ley. Hemos desmontado ese informe fraudulento con el que pretendían cancelarnos bajo el Artículo 327 numeral 7; no hemos disminuido más del 50% de nuestros afiliados ni hemos perdido 175.000 adherentes. El propio CNE certificó que en seis años solo se desafiliaron 1.483 personas, lo que representa apenas el 0.7% de nuestra militancia, demostrando que no estamos inmersos en ninguna causal de eliminación.

Además, este proceso ha sido extemporáneo y viciado de ilegalidades, ya que el plazo legal para cancelar organizaciones venció el 3 de abril y la sesión del 26 de abril se dio fuera de tiempo, aprobándose con apenas dos votos gracias a un doble sufragio dirimente e ilegal de Atamaint. Tras presentarse nuestro recurso de corrección, el CNE no obtuvo los votos ni los argumentos para sostener esta persecución el pasado 2 de mayo; por lo tanto, al haberse vencido los plazos constitucionales, ya constábamos oficialmente en el registro de las 231 organizaciones habilitadas y, de forma categórica, vamos a estar en la papeleta electoral.

-Hablamos de filtración, porque es claro, que el Consejo Nacional Electoral todavía no publica, y sí llama mucho la atención que todavía no lo hace de manera oficial. Ahora, cuando se habla de que esta eliminación del registro es extemporánea, ¿eso no significa que ustedes acepten que se ha bajado el número de afiliados?

Por supuesto que no hemos disminuido nuestros afiliados, porque nos respaldamos estrictamente en el Artículo 327 numeral 7 del Código de la Democracia, norma que la señora Diana Atamaint parece no conocer pese a llevar ocho años en el cargo. En el 2020, el propio CNE aprobó la fusión del MPD y de Unidad Popular, consolidando un padrón de 206.000 afiliados y certificando recientemente que en seis años solo registramos 1.483 desafiliaciones.

Por ello, el intento de cancelación es absolutamente extemporáneo e ilegal, al punto de que la consejera Elena Nájera ha exigido de forma coherente el archivo de este proceso debido a que el organismo se quedó sin tiempo, sin votos y sin argumentos legales para sostener este atropello antes del plazo límite del 2 de mayo.

- ¿Es verdad que ustedes analizan la posibilidad de denunciar por presunto delito de odio a uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral?

Estamos en ese proceso, estudiando todo aquello, porque ha sido evidente y público. Todos merecemos ser juzgados por jueces imparciales, por eso es que cuando nosotros solicitamos que debían excusarse de actuar en estas sesiones tanto José Merino como la señora Diana Atamaint —porque han adelantado criterios—, no lo hicieron. Pero créame, es bochornoso y vergonzoso; desdice de una autoridad electoral que debería garantizar la democracia y la participación, que son derechos fundamentales.

Hoy se está afectando a más de 200.000 afiliados que tiene Unidad Popular, y este señor Merino viene con epítetos, burlas y odio. Ese es un delito tipificado en el COIP, delito de odio que este señor ha mostrado en cada una de sus actuaciones, porque está demostrado que al señor solamente se lo principaliza justamente cuando hay este tipo de sesiones para perseguir y para querer, al margen de la ley y violentando toda norma, pretender afectar el derecho de participación de la Lista 2.

No nos quedamos quietos. Hoy estamos aquí en Quito y a las 10 de la mañana vamos a hacer pública la denuncia que hemos presentado y la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, porque se están violentando todas las normas. Y aparte tenemos todo preparado por si acaso ante el Contencioso Electoral, que sabemos cómo se juegan ahí las cosas; nos asiste la razón y estamos con la ley.

-Ustedes están optimistas de lo que puede pasar, de hecho dicen estar listos para presentar candidaturas, pero si no, ¿cuál es el paso a seguir por parte de Unidad Popular?

Nuestra carta A, nuestra carta B y nuestra carta C será defender nuestra presencia en las urnas; vamos a estar en la papeleta. Eso es algo que nosotros lo hemos sostenido porque la ley y la razón nos asisten. Hemos demostrado claramente que cumplimos con lo que manda y ordena el Código de la Democracia y hoy está ratificado en el propio CNE que Unidad Popular está dentro de las 231 organizaciones políticas habilitadas a nivel nacional. 

Vamos a continuar haciéndolo desde cada uno de los proyectos políticos que tenemos, como en Manabí con mi compañera Kemi Loor, presidenta de la UNE y precandidata a la Prefectura; Isaac Avellán, precandidato a la Alcaldía de Portoviejo; mi compañero Wilmer González en el cantón Jipijapa; el compañero Daniel Palma en El Carmen; y muchos otros proyectos que tenemos en Manta, Paján, Chone, Bolívar y Montecristi. Iremos en los 22 cantones como Lista 2 y en procesos de alianza.

Aquí no nos quieren cancelar por falta de representación; en el 2023 nosotros sacamos dos prefecturas en la Amazonía (Zamora Chinchipe y Orellana), 17 alcaldías, más de 100 concejales en 58 cantones del país y más de 100 representantes en gobiernos parroquiales. Es decir, aquí hay una representación real. Necesitamos que la democracia sea defendida, y una expresión de ella es el derecho de participación, que los pueblos del Ecuador y de Manabí tengan la oportunidad de elegir entre varias opciones.

No podemos permitir que se pretenda instaurar una dictadura donde se concentre todo el poder institucional. Hoy el señor Noboa tiene concentrados prácticamente todos los poderes del Estado, pero le falta uno: el poder del pueblo ecuatoriano, que hoy se prepara en todos los rincones del país. 

Mery Zamora, subdirectora de Unidad Popular

-¿Ustedes están concentrados en la defensa de su movimiento o, paralelamente, también están impulsando y apoyando el tema de la revocatoria?

Nuestra lucha siempre ha sido en defensa de los intereses de los pueblos del Ecuador. Unidad Popular es un partido vivo, real, que no solo participa en elecciones, sino que mantiene un accionar permanente los 365 días del año. Estamos junto a los maestros y la UNE exigiendo que se declare en emergencia la educación; junto a los trabajadores de la salud, porque la salud pública está en terapia intensiva debido a este gobierno indolente al que no le preocupa la vida de nuestra gente. Siempre estamos junto a los trabajadores y la juventud.

En el marco de toda esta lucha y ante las políticas antipopulares de Noboa, donde siete de cada diez ecuatorianos no están de acuerdo ni confían en este presidente. Este proceso lo vienen impulsando organizaciones como la Ecuarunari, a través de nuestra compañera Pacha Terán, recogiendo el sentir del movimiento indígena y de varios sectores sociales que se vienen pronunciando. Para nosotros, ese es un mandato del pueblo ecuatoriano y nos incorporamos con fuerza a esa lucha.