El exvicepresidente Jorge Glas recibe sentencia de primera instancia en el caso Reconstrucción de Manabí. Sucedió tras siete días de extensa deliberación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De La Cadena. La audiencia se ejecuta desde las 09h30 de este lunes, 30 de junio del 2025.

El Tribunal determinó que Glas abusó de fondos públicos como presidente del Comité de Reconstrucción, priorizando obras arbitrarias sin relación con la emergencia, pese a no firmar contratos directamente. En este proceso también figura Carlos Bernal exsecretario técnico del organismo.

La sentencia de Glas

Durante más de tres horas de lectura, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia desmenuzó uno a uno los elementos probatorios que permitieron concluir que Jorge Glas y Carlos Bernal incurrieron en peculado, al «priorizar y ejecutar obras sin justificación técnica ni conexión directa con la emergencia causada por el terremoto del 16 de abril de 2016». La jueza Mercedes Caicedo, como ponente, expuso con detalle cómo la reconstrucción de Manabí fue «usada como plataforma para direccionar recursos, beneficiar a terceros y legitimar proyectos que no respondían a la urgencia de las víctimas».

Uno de los puntos más contundentes de la resolución fue la constatación de que la mayoría de las 584 obras aprobadas por el Comité de Reconstrucción —presidido por Glas y coordinado por Bernal— no contaban con estudios técnicos ni informes de viabilidad. Además, se determinó que al menos 164 proyectos estaban autorizados sin respaldo documental, según el testimonio de Byran Estuardo Pacheco, delegado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Los jueces describieron que muchos de esos proyectos se ejecutaron a través de mecanismos de contratación directa, lo que, según la sentencia, «facilitó la falta de controles, la improvisación y, en algunos casos, la vinculación de empresas relacionadas con el entorno cercano de Carlos Bernal». La resolución recoge que una empresa cuyos accionistas «son familiares del exsecretario» fue «beneficiaria de contratos financiados con dinero proveniente de la Ley de Solidaridad». Las ganancias habrían bordeado los $ 2 millones, según la sentencia.

Decisión de los jueces y su justificación

En cuanto a Jorge Glas, si bien su defensa insistió en que no firmó contratos ni manejó directamente fondos públicos, la sentencia sostiene que su rol resultó decisivo en la priorización de obras. “Existió un impulso doloso y consciente”, enfatizó la jueza Caicedo, al señalar que el exvicepresidente utilizó su cargo para dirigir fondos hacia obras no urgentes ni relacionadas con la rehabilitación post-terremoto. Esa actuación, según el fallo, quebrantó los fines de la Ley de Solidaridad y generó un perjuicio de más de 225 millones de dólares.

La jueza citó como ejemplo el caso del hospital de Pedernales, que pese a su importancia no estaba priorizado. El exalcalde Néstor Alcívar recordó en su testimonio que esa obra nunca se ejecutó y que los pobladores aún se atienden en escuelas móviles. Otro caso fue el del parque Las Vegas, en Portoviejo, que se construyó en una “zona roja” y que se inunda durante la temporada invernal. “En ese lugar no se debe construir nada”, dijo un perito citado en la audiencia.

Asimismo, se mencionó la reconstrucción de un hospital en un pantano en Chone, y la edificación de un puente en Jama al lado de otro puente que cumplía la misma función. “No hay justificación para esa obra”, afirmaron los peritos. Otro de los ejemplos más llamativos fue el puente sobre el río Mataje, en la frontera norte del país, que según la sentencia “no conecta con ningún lugar y solo sirve para transeúntes”.

Sobre pagos con fondos de la Reconstrucción

Todos estos elementos permitieron al Tribunal concluir que las decisiones tomadas por Glas y Bernal desde sus cargos públicos se alejaron del principio de legalidad y del deber de velar por el uso adecuado de los recursos públicos. “Abusaron de su condición de funcionarios”, reiteró la jueza Caicedo, al señalar que ambos actuaron con conocimiento y voluntad, en beneficio de terceros y con desprecio por las necesidades reales de las zonas afectadas.

La sentencia también establece que algunos pagos se realizaron mediante mecanismos financieros no adecuados para una emergencia, como el uso de formas de pago anti técnicas en la remoción de escombros. Además, se señaló que las obras no estuvieron sometidas a criterios sismorresistentes, lo que, según el Tribunal, revela un «nivel de improvisación inaceptable, considerando el contexto de una tragedia natural».

En este escenario, el fallo de primera instancia concluye que tanto Jorge Glas como Carlos Bernal son «autores directos del delito de peculado». Además de la pena privativa de libertad de 13 años, la Fiscalía pidió el pago de $ 221 millones como reparación integral al Estado ecuatoriano. Esta sentencia aún puede entrar a apelación y no está en firme. (37).