Un juez de primera instancia resolvió este 23 de marzo rechazar la acción de protección contra la ordenanza de tarifas de agua en Santo Domingo, presentada por Liliana Silva y Gloria Toapanta, lo que motivó una apelación y trasladó el caso a la Corte Provincial, donde se analizará el proceso y sus posibles implicaciones legales.

El origen del 'conflicto'

El conflicto por la tarifa de agua potable surge tras la aprobación del pliego tarifario para 2026, que fijó el costo en 38 centavos por metro cúbico, frente a los 25 centavos anteriores. Esta decisión se adoptó el 31 de diciembre en sesión del Concejo Municipal.

La ordenanza comenzó a aplicarse desde febrero, cuando iniciaron los cobros a los usuarios. Sin embargo, la normativa se publicó oficialmente el 6 de marzo, lo que generó cuestionamientos sobre su vigencia legal.

Las accionantes sostienen que este desfase podría implicar una vulneración de derechos. Por ello, presentaron una acción de protección con el objetivo de suspender el cobro mientras se revisa la legalidad del proceso.

Acción judicial y decisión del juez

La audiencia se desarrolló el 13 de marzo, donde se expusieron argumentos y pruebas sobre la aplicación de la ordenanza. Posteriormente, el proceso avanzó hasta la tercera audiencia.

El 23 de marzo, el juez Carlos Vera Cedeño resolvió no admitir la acción. Argumentó que no tiene competencia para analizar la constitucionalidad de la ordenanza, según expuso el abogado Marcelo Rivera, representante jurídico de la edil Silva.

El magistrado indicó que esa atribución corresponde a la Corte Constitucional. En consecuencia, la decisión no abordó el análisis sobre posibles afectaciones a derechos ciudadanos.

Reacción de la parte demandante

El abogado Marcelo Rivera cuestionó el fallo y afirmó que el proceso continúa. "El juez no se pronunció ni a favor ni en contra de la vulneración de derechos", señaló.

Rivera explicó que la acción no buscaba declarar la inconstitucionalidad. Según indicó, el objetivo era determinar si se aplicó una norma sin vigencia formal durante febrero.

Además, sostuvo que esta situación podría contravenir el artículo 324 del COOTAD. Por ello, confirmó que se presentó un recurso de apelación ante la Corte Provincial.

Posibles efectos y nuevas acciones

La defensa planteó la posibilidad de solicitar la devolución de valores cobrados durante febrero, correspondiente a las tarifas de agua. Argumenta que estos pagos se realizaron antes de la publicación oficial de la ordenanza.

Asimismo, anunció que impulsará una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Esta medida se desarrollará de forma paralela al proceso actual.

El plazo estimado para una resolución en la Corte Provincial oscila entre un mes y medio y dos meses. Durante ese tiempo, el caso se mantendrá activo en el ámbito judicial.

Postura del Municipio

Tras el fallo, el alcalde Wilson Erazo defendió la decisión judicial. Afirmó: "Hoy el juez acaba de rechazar la acción de protección".

La autoridad cuestionó a los demandantes y señaló que existirían intereses políticos detrás del proceso. Estas declaraciones se dieron luego de conocerse la resolución.

Por su parte, el Municipio difundió un comunicado titulado: "Justicia ratifica legalidad de la ordenanza del agua potable". En el documento, respalda el procedimiento aplicado sobre las tarifas de agua.

El cabildo indicó que el modelo tarifario responde a criterios de equidad social. Señaló que los sectores vulnerables pagan menos dentro del esquema vigente.

Además, explicó que el ajuste de las tarifas de agua busca cubrir costos operativos del sistema, luego de años de déficit. En ese sentido, defendió la sostenibilidad financiera del servicio.

De forma paralela, la parte demandante anunció una propuesta de reforma a la ordenanza. Esta iniciativa incluirá un nuevo pliego tarifario con valores ajustados.

Proceso abierto y escenario legal

El abogado Rivera indicó que la propuesta se presentará en la próxima semana. Mientras tanto, las acciones legales continuarán en diferentes instancias.

El caso ahora depende del análisis de la Corte Provincial. Esta entidad deberá revisar si el juez debió pronunciarse sobre la posible vulneración de derechos.

El conflicto también podría escalar a la Corte Constitucional. En consecuencia, el proceso se mantiene abierto y con impacto en usuarios del servicio de agua potable.