Tres meses después de que la fiscal Ana Hidalgo presentara una demanda de recusación, el juez penal de Pichincha Máximo Ortega aceptó el recurso y ordenó la separación definitiva de la jueza Daniela Ayala del conocimiento del caso Magnicidio FV. Este caso investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La decisión fue emitida el 29 de abril.
Ortega acogió la recusación bajo la causal 11 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien "dar consejos o manifestar su opinión sobre la causa". Aunque desde enero de 2026 la jueza Ayala ya no estaba a cargo del proceso —sustituida por el juez Geovanny Freire—, el magistrado resolvió que debe separarse de manera definitiva de la causa 17294-2025-00782.
Aceptación de la recusación por causal 11 del COIP
En su resolución, el juez Ortega indicó: "Se acepta la demanda de recusación presentada por Ana Hidalgo, agente Fiscal de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, en contra de la doctora Daniela Ayala.
Como efecto de la aceptación de la demanda por la causal de recusación establecida en el numeral 11 del artículo 572 del COIP, la jueza demandada deberá separarse de modo definitivo del conocimiento de la causa".
La Fiscalía argumentó que Daniela Ayala, pese a estar suspendida, elevó comunicaciones que demostraban un "interés extra procesal" en el desarrollo del caso. La fiscal Hidalgo destacó que estas actuaciones se repitieron incluso durante la medida preventiva de suspensión.
Dudas sobre imparcialidad de la jueza Daniela Ayala
Además, se recordó que contra la jueza existen tres procesos administrativos sancionatorios y un proceso de declaratoria jurisdiccional previa en el que se concluyó que incurrió en dolo en este caso.
La Fiscalía señaló que "no existe una garantía real y fehaciente" de que Daniela Ayala actuara con imparcialidad, ante "sospechas objetivamente justificadas" derivadas de sus conductas y los expedientes disciplinarios.
El caso Magnicidio FV se inició el 3 de septiembre de 2025. En la instrucción fiscal se formularon cargos contra siete personas como presuntos autores intelectuales: el exministro del Interior José Serrano; Xavier Jordán (procesado en el caso Metástasis); el exasambleísta de Revolución Ciudadana Ronny Aleaga; y Daniel Salcedo, condenado por corrupción.
Siete procesados por presunta autoría intelectual del crimen
El 10 de febrero de 2026 fueron vinculados Wilmer Chavarría, alias Pipo (detenido en España); su hijastro Esteban Aguilar, alias Lobo Menor (internado en la Cárcel del Encuentro, Santa Elena); y Luis Arboleda, alias Gordo Luis (también en El Encuentro).
Según la investigación, los integrantes de Los Lobos habrían coordinado el ataque con apoyo de grupos irregulares colombianos, por pedido de los otros procesados.
Alias Pipo habría activado la estructura criminal y ordenado la comunicación, coordinación y supervisión del seguimiento de la víctima; alias Lobo Menor tuvo el control directo del grupo armado; y alias Gordo Luis habría entregado medio millón de dólares para la contratación de los sicarios.
Para el próximo 5 de junio está prevista la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los siete procesados en el caso Magnicidio FV.
