Un juez de Garantías Penales de Iñaquito, en Quito, rechazó el pedido de la Fiscalía para archivar una investigación por presunta falsificación y uso de documento falso, vinculada a David Eduardo Soria Tamayo, quien actualmente actúa como secretario del concurso para designar al Fiscal General del Estado. La decisión judicial obliga a que la indagación continúe hasta esclarecer los hechos denunciados por Inés Maritza Romero Estevez.
El freno judicial al archivo del proceso
El caso corresponde a la causa N.° 17294-2025-24468G, iniciada por una denuncia relacionada con presunta falsificación y uso de documento falso en un concurso público anterior. La Fiscalía solicitó el archivo de la investigación. Argumentó que no existían elementos suficientes para formular una imputación formal contra los investigados.
Sin embargo, el juez Ortega Vintimilla rechazó el pedido. En su resolución señaló que la investigación "no ha sido esclarecida bajo el principio de objetividad", lo que deja dudas sobre la responsabilidad en los hechos denunciados. Además, el juez indicó que cerrar el proceso de forma anticipada afectaría derechos fundamentales. Según la resolución judicial, el archivo prematuro vulneraría el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de la denunciante.
La denunciante, Inés Maritza Romero Estevez, participó en un concurso para la primera autoridad de la Defensoría Pública. En ese proceso, según su versión, se habría cometido el delito investigado. El juez recordó que el Estado tiene responsabilidades claras durante las investigaciones. En su decisión expresó que la Fiscalía debe buscar la verdad con debida diligencia y no como una simple formalidad.
Investigación coincide con el concurso de Fiscal General
La decisión judicial ocurre mientras avanza el concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado, un proceso que define la dirección de la justicia penal en Ecuador. En ese proceso, David Eduardo Soria Tamayo fue designado recientemente como secretario de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar adelante el concurso. Su nombramiento fue impulsado por Andrés Fantoni, quien participa en la designación de autoridades dentro del proceso.
El secretario de la comisión cumple una función administrativa clave. Entre sus responsabilidades está custodiar la documentación, actas y el flujo de información del concurso. Por esa razón, su participación tiene un peso estratégico en el desarrollo del proceso. El secretario administra registros oficiales y coordina la circulación de documentos. En ese contexto, la existencia de una investigación abierta por presunta falsificación de documentos ha generado cuestionamientos públicos sobre la idoneidad del cargo.
Diversos observadores han señalado preocupaciones relacionadas con la integridad de la información y la transparencia del concurso, debido al rol administrativo que cumple el secretario.
El expediente pasa a revisión superior
Tras negar el archivo solicitado por la Fiscalía, el juez dispuso un paso procesal adicional dentro del sistema judicial. La resolución ordena que el expediente sea enviado en consulta al despacho de la fiscal provincial de Pichincha, Alexandra Zurita Lucero. Esta autoridad deberá analizar la decisión y determinar el futuro de la causa. Puede ratificar el archivo o revocar la solicitud y ordenar que continúe la investigación.
Si la instancia superior rechaza el archivo, se podrá designar un nuevo equipo fiscal para continuar las diligencias investigativas. El objetivo será avanzar en el análisis de los hechos denunciados y determinar responsabilidades. La resolución judicial establece que el proceso debe continuar hasta lograr el esclarecimiento completo de los hechos. La investigación se mantiene abierta mientras se revisan las actuaciones previas y los elementos presentados dentro del expediente.
