El Consejo de la Judicatura solicitó este 7 de mayo de 2026 a la Corte Nacional de Justicia emitir una resolución general y obligatoria sobre las pruebas de confianza aplicadas dentro de la Función Judicial. El pedido busca evitar futuras nulidades en concursos de jueces y fortalecer la seguridad jurídica en Ecuador.

La solicitud fue enviada por la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, mediante un oficio dirigido al presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez Ruiz. La decisión llegó un día después de una mesa interinstitucional que reunió a representantes del sistema judicial.

Según la Judicatura, la ausencia de reglas claras sobre las pruebas de confianza ha generado preocupación en distintos concursos públicos. El organismo sostiene que la falta de criterios definidos podría afectar principios constitucionales como la seguridad jurídica y la independencia judicial.

Judicatura busca evitar nulidades en concursos judiciales

En el documento enviado a la Corte Nacional, la Judicatura pidió establecer los alcances, límites y naturaleza jurídica de estas evaluaciones. El objetivo es unificar criterios y reducir conflictos legales en futuros procesos de selección.

Mercedes Caicedo argumentó que la petición se sustenta en el artículo 180, numeral 6, del Código Orgánico de la Función Judicial. Esa norma faculta al Pleno de la Corte Nacional a emitir resoluciones generales y obligatorias cuando existan dudas o vacíos legales.

Además, el oficio cita el artículo 37 del mismo cuerpo legal. Allí se advierte que la falta de regulación clara podría vulnerar el principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 82 de la Constitución.

La presidenta del organismo también señaló que las pruebas de confianza deben aplicarse bajo parámetros transparentes y técnicos. Según indicó, las decisiones relacionadas con operadores judiciales requieren procedimientos previsibles y verificables.

Concursos de la Judicatura acumulan retrasos y controversias

El pedido surge en medio de varios cuestionamientos a los concursos judiciales desarrollados en los últimos años. Uno de los casos más representativos es el proceso para renovar 17 jueces y conjueces titulares de la Corte Nacional de Justicia.

Ese concurso acumula problemas desde hace siete años. Entre las observaciones aparecen inconsistencias en las fases de postulación, evaluación de méritos y metodología aplicada.

Los retrasos han provocado críticas de abogados, gremios y sectores académicos. Diversos expertos sostienen que la inestabilidad en la designación de magistrados afecta la confianza ciudadana en el sistema judicial.

En la reciente mesa interinstitucional participaron representantes de entidades vinculadas con la administración de justicia. Allí se discutieron mecanismos para fortalecer la transparencia y reducir riesgos de impugnaciones futuras.

Seguridad jurídica y transparencia en la Función Judicial

La Judicatura afirmó que la regulación de las pruebas de confianza permitirá garantizar concursos más sólidos e independientes. También considera que una resolución obligatoria reducirá la discrecionalidad en futuras evaluaciones.

Especialistas en derecho constitucional han señalado anteriormente que los concursos judiciales requieren reglas precisas y públicas. De lo contrario, los procesos pueden enfrentar acciones legales y retrasos prolongados.

En Ecuador, los debates sobre la designación de jueces han ganado relevancia durante la última década. Organizaciones sociales y sectores políticos han cuestionado repetidamente la transparencia de algunos concursos públicos.

Mientras tanto, la Corte Nacional deberá analizar el pedido presentado por la Judicatura y decidir si emite la resolución solicitada. La medida podría convertirse en un precedente clave para futuros procesos de selección dentro de la Función Judicial.