Los ciudadanos seleccionados para el tercer periodo del programa estatal Jóvenes en Acción pueden perder la cobertura económica si dejan de cumplir los requisitos del programa o si no realizan las actividades asignadas por las entidades ejecutoras. El mecanismo, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 435, contempla una transferencia de USD 400 mensuales durante tres meses, es decir, hasta USD 1.200 por beneficiario. Sin embargo, los pagos no son automáticos durante todo el periodo.
El primer desembolso depende de que el joven cumpla los requisitos generales y sea habilitado dentro del proceso de vinculación. El segundo y tercer pago están sujetos a la verificación mensual del cumplimiento de actividades.
¿Causas para perder el beneficio de Jóvenes en Acción?
Una persona beneficiaria puede ser excluida si incumple las tareas, capacitaciones o actividades definidas por la institución pública a la que fue vinculada. También puede perder el cupo si abandona el proceso, deja de participar o no cumple con las acciones establecidas dentro del programa.
El decreto señala que, si en las validaciones mensuales se determina que un beneficiario dejó de cumplir alguno de los criterios generales, será excluido inmediatamente del mecanismo y recibirá únicamente el desembolso correspondiente al periodo en el que sí cumplió las actividades asignadas.
Requisitos que deben mantenerse
Entre las condiciones del programa constan tener entre 18 y 29 años con 11 meses al momento del registro, no contar con seguridad social contributiva, estar en situación de pobreza o extrema pobreza según el Registro Social y no recibir transferencias monetarias regulares administradas por el Ministerio de Desarrollo Humano.
También se exige no haber sido beneficiario de los periodos anteriores de Jóvenes en Acción, registrar una cuenta bancaria a nombre del beneficiario y cumplir con la capacitación del proyecto. Si alguno de estos requisitos cambia o deja de cumplirse, el joven puede quedar fuera del programa.
Quién verifica el cumplimiento
Las entidades ejecutoras son responsables de definir las actividades, monitorear la participación y remitir los listados de beneficiarios activos. Entre ellas constan los ministerios de Infraestructura y Transporte, Salud Pública, Educación, Deporte y Cultura, además de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
El Ministerio de Desarrollo Humano gestiona el pago una vez que recibe la información aprobada. Según el decreto, esta cartera no modifica, incorpora, excluye, suspende o rehabilita beneficiarios por cuenta propia; la validación depende de los listados y verificaciones de las entidades correspondientes. La iniciativa Jóvenes en Acción no garantiza un empleo permanente. Es una transferencia temporal vinculada al cumplimiento de actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades, habilidades para el empleo, autonomía económica y vida laboral, según el ministerio que la promueve.
