John Reimberg expone los nombres de fiscal y un juez que dejaron libres a extorsionadores

Entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2025, la Policía Nacional aprehendió a 33.069 personas de las cuales 9.932 quedaron en libertad.

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John Reimberg, ministro del Interior, cumplió su promesa de revelar los nombres de jueces y fiscales que otorgan medidas sustitutivas a presuntos delincuentes.
Del 1 de enero y el 8 de junio, la Policía aprehendió a 33.069 personas en todo el país. (Foto X Policía Nacional)
John Reimberg, ministro del Interior, cumplió su promesa de revelar los nombres de jueces y fiscales que otorgan medidas sustitutivas a presuntos delincuentes.
Del 1 de enero y el 8 de junio, la Policía aprehendió a 33.069 personas en todo el país. (Foto X Policía Nacional)

José Moreira

Redacción ED.

John Reimberg, ministro del Interior, cumplió su promesa de revelar los nombres de jueces y fiscales que otorgan medidas sustitutivas a presuntos delincuentes. La noche del jueves 19 de junio, a través de su cuenta en X, el funcionario señaló a dos funcionarios de justicia. Se trata del fiscal Nicolás Pulencio Montalvo y el juez Gustavo Román García. Ambos funcionarios otorgaron medidas sustitutivas a presuntos extorsionadores.

El ministro Reimberg afirmó que los sospechosos deben presentarse periódicamente ante la justicia y tiene prohibida la salida del país. Reimberg señaló que los detenidos por la Policía están acusados de extorsionar a una persona con 28 mil dólares en un caso que incluyó amenazas de muerte y secuestro. La acción se enmarca en la cruzada del ministro contra lo que califica como una “puerta giratoria” en el sistema judicial ecuatoriano.

El ministro Reimberg dio cifras de los liberados

Reimberg, ministro del Interior, expresó su indignación ante la liberación de delincuentes con “evidencias de violencia extrema”, Crítico el hecho que los delincuentes en lugar de recibir prisión preventiva, obtienen medidas como presentaciones periódicas o arresto domiciliario. Según el ministro, entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2025, la Policía Nacional aprehendió a 33,069 personas, de las cuales 9,932 quedaron en libertad con medidas alternativas.

Estas cifras, presentadas ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, reflejan la magnitud del problema, según el funcionario. El caso denunciado involucra a tres delincuentes, quienes  recibieron  medidas sustitutivas por “enfermedad”, según Reimberg. Informó que el presunto cabecilla permanece en prisión preventiva, aunque también busca beneficiarse de medidas similares.

Propone reformas a la Ley de la Función Judicial

El ministro advirtió que estas prácticas deben cesar y reiteró su compromiso de exponer públicamente a los operadores judiciales responsables. El anuncio se produce en un contexto de creciente inseguridad en Ecuador, donde extorsiones, secuestros y homicidios han aumentado significativamente. Reimberg ha criticado la falta de celeridad en los procesos disciplinarios contra jueces y fiscales, que pueden demorar hasta un año y medio.

Reimberg ha solicitado a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) investigar el patrimonio de funcionarios judiciales que toman decisiones cuestionadas. La Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez, planea citar a altos cargos judiciales y proponer reformas a la Ley de la Función Judicial para cerrar vacíos normativos.

Esfuerzos de la Policía Nacional

La estrategia de Reimberg ha generado debate. Mientras algunos sectores apoyan su llamado a la transparencia, otros advierten sobre el riesgo de afectar la independencia judicial. El ministro, sin embargo, insiste en que su objetivo es garantizar que los delincuentes permanezcan en prisión. También que la justicia respalde los esfuerzos de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con un aumento de la violencia ligada al crimen organizado, especialmente en ciudades como Guayaquil. Las declaraciones de Reimberg reflejan la frustración del Gobierno. Esto ante un sistema judicial que, según él, no acompaña los esfuerzos por combatir la delincuencia, lo que ha llevado a iniciativas como la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad.

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