En Ecuador, la captura de fotografías y videos de estudiantes dentro de las instituciones educativas ha quedado estrictamente regulada y, en la mayoría de los casos, prohibida para el personal docente y administrativo. Según la normativa vigente, ningún profesional de la educación puede registrar imágenes o audiovisuales de los alumnos sin contar con el consentimiento previo y por escrito de sus representantes legales. Esta medida busca proteger la integridad, la privacidad y el derecho a la propia imagen de niños, niñas y adolescentes, evitando que contenido captado en entornos pedagógicos sea difundido sin control en redes sociales o medios digitales.
La restricción es absoluta en cuanto a transmisiones en vivo y la publicación de material donde aparezcan rostros o datos identificables de los menores sin el respaldo legal correspondiente. El Ministerio de Educación ha sido enfático en que el incumplimiento de esta disposición será considerado una falta administrativa, dado que la prioridad del sistema es garantizar un entorno seguro y libre de riesgos digitales para los más de cuatro millones de estudiantes que conforman el sistema nacional.
Esto dispuso el Ministerio de Educación
Para entender el rigor actual, es necesario retroceder a abril de 2025, cuando la entonces ministra de Educación, Alegría Crespo, emitió el Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2025-00015-A. Este documento sentó las bases para la integración de recursos educativos digitales en el aula, promoviendo una alfabetización tecnológica responsable. Aunque el decreto de 2025 fomentaba el uso de herramientas digitales para el aprendizaje, ya advertía sobre la necesidad de proteger la información sensible de los estudiantes en el ecosistema virtual.
Aquel acuerdo de 2025 fue el primer paso para desmitificar que el uso de la tecnología en clase era sinónimo de libre acceso a la privacidad de los alumnos en las instituciones educativas. Bajo la gestión de Crespo, se establecieron lineamientos para que los docentes utilizaran dispositivos únicamente con fines pedagógicos, pero dejó abierta la puerta a una regulación más específica que controlara el auge de la exposición de menores en plataformas como TikTok o Instagram desde las aulas.
¿Qué se dispuso para las instituciones educativas este 2026?
Con la llegada del año lectivo 2026-2027, la actual ministra de Educación, Gilda Alcívar, profundizó estas medidas mediante el Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2026-00028-A. Este nuevo marco legal es el que prohíbe de forma directa la toma de imágenes por parte del personal educativo y establece reglas claras sobre el uso de dispositivos móviles. La ministra Alcívar aclaró que, si bien la tecnología es una aliada, el respeto a la intimidad es innegociable, limitando el registro visual a casos estrictamente autorizados por los padres para fines institucionales específicos.
Además, el Ministerio aclaró el alcance de la regulación sobre el uso de celulares: solo los estudiantes de bachillerato podrán utilizarlos dentro del aula, y exclusivamente bajo la supervisión docente para tareas académicas. La normativa de 2026 es clara al señalar que ni celulares, ni tablets, ni relojes inteligentes deben ser considerados como útiles escolares obligatorios, protegiendo así la economía familiar y evitando la discriminación entre estudiantes que no poseen dichos equipos.
Excepciones y mecanismos de control ciudadano
A pesar de las restricciones, existen excepciones justificadas. Los estudiantes con discapacidad, condiciones médicas crónicas o necesidades de comunicación especiales están autorizados a portar y usar sus dispositivos, siempre que medie un informe técnico. En situaciones de emergencia nacional o familiar, el uso de celulares también es permitido, pero bajo protocolos de seguridad que no vulneren la convivencia armónica del resto del grupo escolar.
El Ministerio de Educación ha habilitado canales para que los representantes legales denuncien cualquier uso indebido de la imagen de sus hijos. Las instituciones educativas deben actualizar sus Códigos de Convivencia para reflejar estas prohibiciones de 2026. La vigilancia sobre el cumplimiento de estas normas es constante, especialmente en los regímenes Sierra-Amazonía y Costa-Galápagos, asegurando que la educación en Ecuador evolucione sin sacrificar la seguridad integral del estudiantado.
