La Policía Federal de Brasil citó formalmente este lunes 16 de marzo a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, dentro de un proceso disciplinario abierto por ausencias injustificadas en su puesto dentro de la institución. El funcionario permanece en Estados Unidos desde febrero de 2025 y no ha retomado sus funciones administrativas en la delegación policial de Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro.

La notificación oficial establece un plazo de quince días para que Bolsonaro presente sus alegaciones. El expediente administrativo fue iniciado a finales de enero luego de que la institución registrara reiteradas faltas laborales en el cargo que ocupa dentro de la Policía Federal.

El proceso podría derivar en su destitución. Desde febrero, Bolsonaro permanece suspendido y, de acuerdo con el procedimiento interno, debía entregar su placa institucional y su arma reglamentaria.

Proceso disciplinario contra Eduardo Bolsonaro

El caso tomó impulso tras la pérdida de su escaño en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025. El entonces legislador fue apartado del cargo por ausentarse de manera reiterada sin justificación durante el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

Una vez concluido su mandato en el Congreso, la Policía Federal ordenó su reincorporación al puesto administrativo que mantenía dentro de la institución. Durante una década había permanecido con licencia para ejercer su actividad legislativa, condición que mantenía desde 2015.

Sin embargo, el funcionario no regresó a Brasil. Eduardo Bolsonaro se encuentra en territorio estadounidense desde febrero de 2025, a donde viajó con el objetivo de impulsar gestiones políticas en favor de su padre.

Acusaciones judiciales

El propio Bolsonaro ha sostenido que permanece fuera del país porque considera que enfrenta persecución judicial. La justicia brasileña lo acusó en noviembre de 2025 de intentar interferir en la investigación relacionada con el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

El Tribunal Supremo sostiene que el político utilizó su presencia en Estados Unidos para cuestionar públicamente a las instituciones brasileñas y desacreditar a las autoridades judiciales que investigan el caso.

Entre los magistrados señalados en ese contexto se encuentra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal que lidera varios procesos vinculados a los hechos posteriores a las elecciones presidenciales.

Crisis política y tensiones diplomáticas

Las acciones judiciales contra el entorno del expresidente Jair Bolsonaro derivaron en decisiones de alto impacto político. En agosto de 2025, el juez Alexandre de Moraes ordenó arresto domiciliario contra el exmandatario.

Un mes después, Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado registrado en 2022.

La presencia prolongada de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos coincidió además con un periodo de fricciones diplomáticas entre Washington y Brasilia. Durante ese lapso se produjeron medidas comerciales como aranceles estadounidenses a exportaciones brasileñas, así como sanciones y restricciones aplicadas a la delegación brasileña que asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas.

En ese escenario también se registraron críticas del entonces presidente estadounidense Donald Trump al proceso judicial abierto contra Jair Bolsonaro, lo que profundizó las tensiones políticas entre ambos gobiernos.