Durante la tarde del pasado jueves, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba aprobó un paquete de 176 medidas drásticas en el Palacio de Convenciones de La Habana, diseñado para reestructurar el modelo económico de la isla ante su peor crisis reciente.
El plan, expuesto por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y respaldado por el presidente Miguel Díaz-Canel, introduce dinámicas de libre mercado, autoriza la banca privada y desmantela los subsidios universales. Esta transformación responde a urgencias financieras internas y a la presión económica de Estados Unidos.
La sesión legislativa, correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria de la X Legislatura, contó con la supervisión remota del general Raúl Castro Ruz, consolidando el respaldo de la guardia histórica.
Este giro representa la reforma más profunda desde las aperturas de 2011. Bajo la premisa de "hacer lo necesario para conservar lo esencial", las autoridades buscan reordenar un sistema afectado por la escasez de divisas y combustible, rompiendo con la centralización estatal absoluta.
La reforma transforma las corporaciones públicas en sociedades mercantiles por acciones. Aunque el Estado mantendrá la mayoría en sectores estratégicos, se permitirá al emergente sector privado y a personas naturales adquirir acciones de firmas de propiedad pública. Asimismo, las corporaciones que acumulen pérdidas sostenidas se enfrentarán, por primera vez en décadas, a procedimientos formales de quiebra, reestructuración y liquidación definitiva.
Apertura del sistema financiero y devaluación de la divisa
El sismo institucional alcanza al sector financiero con el fin del monopolio bancario estatal. Las nuevas directrices fomentarán la participación del capital privado, cooperativo y extranjero, bajo la supervisión del Banco Central de Cuba (BCC). El plan autoriza instituciones no bancarias dedicadas a microcréditos, abriendo un canal de financiamiento directo para el sector privado nacional.
Se contempla la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real mediante subasta de divisas. Esta medida irá acompañada de devaluaciones sucesivas del peso cubano (CUP) para sincerar los desequilibrios monetarios locales. El primer ministro advirtió que aquellas corporaciones estatales que no posean la capacidad financiera para soportar el impacto cambiario serán liquidadas.
Este escenario coincide con la ofensiva financiera de la administración estadounidense de Donald Trump. Washington ha restringido el flujo de crudo y el acceso cubano a la banca internacional, forzando la salida de Visa y Mastercard. La estrategia busca estrangular los ingresos de GAESA, el conglomerado militar que controla la mitad del Producto Interior Bruto (PIB). El secretario de Estado Marco Rubio condicionan cualquier alivio a concesiones políticas.
Flexibilización para Mipymes y fin del subsidio universal
Ante la crisis, la dirigencia asumió la responsabilidad por las deficiencias organizativas del modelo. Para legitimar el viraje, el Ejecutivo retomó una declaración de Fidel Castro de 1993, emitida en el Periodo Especial, señalando que la realidad obliga al país a ejecutar acciones imprevistas. Las medidas buscan reactivar las fuerzas productivas flexibilizando las reglas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes).
Las Mipymes tendrán autorización para contratar a más de 100 trabajadores, adquiriendo estatus de empresas privadas. Además, una misma persona podrá ser titular de varias firmas o poseer participaciones accionarias compartidas. El plan reduce las actividades prohibidas y autoriza el usufructo por tiempo indeterminado de la tierra, intentando dinamizar el deprimido sector agropecuario de la isla.
El impacto inmediato para la población será el fin de los subsidios universales a productos básicos. Electricidad, agua, transporte y combustible trasladarán sus costos reales a los precios de venta minorista. Para asistir a los sectores vulnerables, el Gobierno creará un Fondo de Protección Social, el cual auxiliará exclusivamente a los ciudadanos censados mediante una plataforma digital.
Regulaciones laborales y preservación del modelo socialista
En la gestión laboral, el nuevo decreto elimina la escala salarial fija estatal. Las remuneraciones se negociarán directamente con los empleados según la capacidad financiera de cada entidad. Adicionalmente, se suprime la aprobación administrativa previa para el pluriempleo de profesionales técnicos en los sectores de salud, investigación y educación pública.
Las empresas públicas podrán despedir trabajadores por motivos estructurales, fijando una indemnización de entre tres y seis meses de salario básico. El diseño establece incentivos específicos para intentar retener a la fuerza laboral calificada y a los jóvenes, mitigando la deprimida situación demográfica afectada por la sangría migratoria.
El presidente Miguel Díaz-Canel defendió la naturaleza socialista del plan, aclarando que no implica una renuncia al sistema, sino la adaptación de experiencias de naciones afines. El mandatario concluyó afirmando que, aunque la justicia social se mantiene como objetivo, la prioridad absoluta actual consiste en restablecer la producción interna para asegurar la sostenibilidad nacional. (10).
