En entrevista con Manavisión Plus, el abogado constitucionalista Francisco López sostuvo que el sistema de diálisis en Ecuador atraviesa una de sus etapas más críticas debido a la deuda estatal, las trabas burocráticas, la falta de políticas públicas sostenidas y el riesgo de cierre de varios centros especializados.
Según explicó, la preocupación aumenta porque miles de personas dependen de estos tratamientos para sobrevivir y, en muchos casos, enfrentan dificultades para acceder de manera continua y oportuna a las terapias.
Durante el diálogo, López aseguró que el problema va mucho más allá de la deuda económica con las dializadoras. En ese contexto, analizó la falta de planificación estructural del sistema nacional de salud, el rol del Estado y las fallas institucionales que, a su criterio, impiden garantizar adecuadamente el derecho a la salud.
¿El pago de la deuda a las dializadoras resolvería la crisis actual?
El pago de la deuda que el Estado mantiene con las dializadoras es solo una pequeña parte del problema. ¿Por qué? Porque lo que debe sostenerse es el Sistema Nacional de Salud en toda su integralidad.
De poco serviría que el Estado realice pagos elevados cada seis meses si, durante ese tiempo, las dializadoras atraviesan problemas bastante serios. Esos problemas necesitan resolverse de manera diaria y permanente, no únicamente cuando llegan pagos esporádicos. Ahí es donde aparece el verdadero colapso del Sistema Nacional de Salud, porque el problema no se limita únicamente a la falta de dinero.
¿Cuál es actualmente el monto que adeuda el Estado a las dializadoras?
Para septiembre u octubre de 2025, la deuda ascendía aproximadamente a 220 millones de dólares. Ese monto corresponde a los cálculos realizados hasta la fecha de emisión de la sentencia de la Corte Constitucional y forma parte del análisis realizado dentro del caso.
Sin embargo, actualmente las cifras podrían ser incluso mayores, aunque resulta difícil establecer un monto exacto. De manera oficial, la deuda reconocida bordea los 220 millones de dólares.
¿Qué tan grave es el riesgo de cierre de las dializadoras?
El problema principal no es determinar cuántas dializadoras existen exactamente en el país, porque esa información la maneja el Ministerio de Salud. El verdadero problema es cuántas están al borde del cierre.
Las dializadoras buscan cumplir con la función que han asumido dentro del Sistema Nacional de Salud, pero no pueden detener sus actividades fácilmente. Si una dializadora cierra sus puertas o deja de prestar atención, también puede enfrentar acciones constitucionales por parte de los pacientes.
Por eso, el tema más grave es el posible cierre de estos centros. Además, muchas funcionan como compañías y estos procesos no ocurren de un día para otro, porque implican disoluciones y liquidaciones que toman tiempo.
¿Qué derechos se vulneran cuando un paciente no puede acceder a diálisis cerca de su lugar de residencia?
Se vulneran dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la salud. A partir de ellos se desprenden otros derechos igualmente importantes.
El problema es grave porque un tratamiento de diálisis cuesta alrededor de 1.400 dólares mensuales, una cifra imposible de cubrir para una familia que vive con un salario básico. Por eso, cuando una dializadora cierra, el paciente debe buscar atención en el sistema público o en otro centro que pueda asumir el tratamiento.
Acudir a una clínica privada prácticamente resulta imposible por los costos. En este escenario, el Estado debería garantizar los derechos a la vida y a la salud, pero actualmente no lo está haciendo, pese a que en papeles sí existirían recursos destinados para ello.
¿Cuáles son las principales fallas estructurales del sistema de salud?
El sistema nacional de salud no se sostiene únicamente construyendo hospitales o clínicas. Al igual que ocurre con el sistema educativo, debe existir una planificación clara y estructurada que permita saber hacia dónde se dirige la salud pública.
Construir hospitales es apenas uno de los pasos. Lo principal es desarrollar políticas públicas constantes y adecuadas. Si esas políticas no existen, todo el sistema termina cayendo.
Actualmente, por lo menos en papeles, existe dinero suficiente para cubrir las deudas con las dializadoras. Sin embargo, las trabas burocráticas y estructurales del propio Estado impiden que esos pagos se concreten.
¿El modelo de dependencia entre el Estado y los prestadores privados se volvió insostenible?
Si se analiza el sistema, este resulta insostenible desde su creación en 2008. Era un modelo ambicioso y posible de ejecutar, pero solo funciona cuando existe suficiente dinero para sostenerlo. No basta con que una Constitución establezca derechos o describa cómo debe funcionar el sistema. Si no existen recursos suficientes ni mecanismos adecuados para ejecutarlo, el modelo termina fallando.
Actualmente existen recursos, pero las trabas burocráticas impiden que el dinero llegue a las dializadoras. Mientras el Estado puede tardar hasta 90 días o más en procesar pagos, las necesidades de estos centros son diarias.
¿Quién es el responsable de la crisis que atraviesa el sistema de diálisis?
El único responsable es el Estado. El problema tampoco se resuelve reformando nuevamente la Constitución. Ecuador ha tenido múltiples reformas constitucionales desde 1830 y los problemas siguen presentes.
Reformar leyes o crear nuevas normas puede resolver problemas en el papel, pero en la práctica las irregularidades continúan. Lo que realmente se necesita es aplicar y ejecutar correctamente lo que ya está establecido.
¿El problema pasa únicamente por las autoridades o por toda la estructura institucional?
El problema no se limita únicamente a la persona que ocupa el Ministerio de Salud. El principal conflicto es la estructura institucional y la falta de políticas públicas adecuadas que permitan sostener un sistema eficiente.
No es sano tener constantes cambios de ministros, pero incluso si existen nuevas autoridades, mientras no haya políticas públicas claras, los problemas continuarán.
La propia Corte Constitucional ya emitió una sentencia en 2020 ordenando garantizar el derecho a la salud, implementar políticas públicas y realizar seguimiento. Sin embargo, casi seis años después, las deudas siguen creciendo y la crisis continúa.
¿Existen trabas dentro del propio sistema de salud que terminan frenando los cambios que intentan impulsar las autoridades?
Naturalmente, hay que ser muy realistas frente a esa situación. Una cosa es llegar con buenas intenciones y otra muy distinta enfrentarse a estructuras antiguas y profundamente arraigadas dentro de instituciones tan grandes como los ministerios de Salud y Educación.
Un ministro puede asumir el cargo con su equipo y con la intención de hacer las cosas bien, pero si otras áreas del sistema no avanzan con la misma rapidez, todo termina frenándose. Por eso, el reto no pasa únicamente por tener buenas ideas, sino por saber cómo ejecutar una planificación dentro de una estructura gigantesca, lenta y caduca.
Incluso, aunque en teoría exista dinero para pagar a las dializadoras y un presupuesto importante destinado a salud, el problema aparece cuando esa estructura ministerial no permite ejecutar los recursos de manera eficiente. Entonces, el derecho a la salud termina quedando solo en el papel, porque el presupuesto no se ejecuta como debería.
¿Existe alguna herramienta legal para que los pacientes puedan exigir atención médica?
Sí existen herramientas constitucionales para que las personas exijan atención médica. Una de ellas es la acción de protección.
Si el Estado no garantiza el derecho a la salud, un ciudadano puede acudir ante un juez y solicitar que, mediante sentencia, se declare la vulneración de sus derechos y se obligue al Estado a cumplir.
Incluso, no es indispensable contar con un abogado para presentar esta acción. Casos similares ya llegaron hasta la Corte Constitucional y existe una sentencia emitida en 2020 relacionada con esta problemática.
¿Aún es posible evitar un colapso mayor en el sistema?
El colapso más grave es la pérdida de vidas humanas. Por eso, aunque normalmente se espera que una nueva autoridad tenga tiempo para mostrar resultados, en salud los tiempos son mucho más delicados.
Una persona que no recibe un tratamiento de diálisis puede ver comprometida su vida en cuestión de días o semanas. Por eso, el Ministerio de Salud debe actuar contra reloj.
Lo ideal es mantener una visión positiva y esperar resultados distintos a los que se han visto hasta ahora, pero la situación requiere respuestas inmediatas.
