La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la posible vinculación entre una auditoría interna al asesinato de Santiuago Ávalos, gerente financiero de la Universidad de las Américas (UDLA), en Quito, hecho perpetrado el pasado 11 de junio de 2026. Hasta el momento, seis personas, incluyendo a un adolescente, se encuentran procesadas.
Según la Fiscalía, estas personas son investigadas bajo la hipótesis de que el crimen fue motivado directamente por discrepancias surgidas a raíz de controles financieros impulsados dentro de la institución de educación superior.
De acuerdo con la teoría oficial del caso, el ciudadano Galo Hernán O. G. habría mantenido fuertes diferencias profesionales con Ávalos debido a las acciones de auditoría promovidas desde la Dirección Financiera de la entidad educativa.
Fiscalía ha dado nuevas pistas en torno a este caso
Los elementos de convicción recopilados por los agentes fiscales sugieren que, días antes del atentado mortal, Galo Hernán O. G. solicitó fotografías del automóvil y del lugar de trabajo del funcionario con el fin de planificar el hecho de sangre. Aunque el Ministerio Público aún no ha revelado el contenido ni los resultados específicos de la auditoría interna, esta línea de investigación resulta clave para esclarecer el móvil.
El seguimiento y la vigilancia previa a la víctima habrían contado con la participación activa de María del Carmen S. V., Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. Según el expediente fiscal, las cámaras de seguridad instaladas en el campus de la UDLA registraron de forma detallada estos movimientos coordinados.
Asimismo, se presume que Josselyn Lisbeth V. cumplió el rol de vigilar los exteriores de la infraestructura educativa para alertar sobre la salida de Santiago Ávalos el día exacto en que se ejecutó el ataque armado.
Prohibiciones para varios de los implicados
La ejecución material del homicidio es atribuida directamente al adolescente C. D. E. L. Según los indicios presentados ante el tribunal, el menor de edad se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando interceptó y atacó con disparos de arma de fuego a la víctima en la vía pública.
Ante las evidencias iniciales expuestas, un juez competente de garantías penales dictó la medida de prisión preventiva contra Galo Hernán O. G., María del Carmen S. V. y Josselyn Lisbeth V. En contraste, los ciudadanos Juan Pablo G. O. y Juan Carlos G. T. recibieron medidas cautelares alternativas, pero deben presentarse periódicas ante la autoridad judicial y la prohibición expresa de salida del país.
Por su parte, el adolescente C. D. E. L. fue imputado por un fiscal de la Unidad de Adolescentes Infractores, ordenándose su internamiento preventivo inmediato. La causa continúa en instrucción fiscal. Los voceros de la entidad judicial recalcaron que estas acusaciones corresponden a la teoría del caso y deberán ser plenamente comprobadas durante el juicio, debido a que hasta el momento no se ha dictado una sentencia en firme.
