La Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito reanudó el 15 de mayo de 2026 la audiencia del denominado caso Apagón, mientras la Fiscalía expone presunto peculado en contratos de emergencia entre Celec y Progen. El proceso involucra a 21 procesados y busca esclarecer un supuesto perjuicio al Estado en la crisis energética de 2024. Además, el fiscal subrogante Leonardo Alarcón detalla elementos de convicción y pide prisión preventiva por riesgo de fuga y gravedad del caso.
La audiencia continúa con la presentación de más de 150 elementos de convicción. La Fiscalía sostiene que existe un "grave prejuicio al Estado" en el caso Progen. Además, afirma que los contratos no cumplieron procesos regulares. Según la acusación, los servidores públicos habrían favorecido a la empresa Progen Industries LLC. Por ello, el proceso investiga presunto peculado en la contratación de emergencia.
El fiscal subrogante Leonardo Alarcón indicó que los indicios muestran abuso de procedimientos. Asimismo, mencionó que se evadieron fases precontractuales y contractuales en la emergencia eléctrica.
Medidas cautelares solicitadas
La Fiscalía pidió prisión preventiva para los 21 procesados del caso Apagón. Además, argumentó que otras medidas resultan insuficientes para asegurar la presencia en juicio. Los contratos entre Celec y Progen buscaban instalar generadores en Salitral y Quevedo. Sin embargo, los equipos no entraron en funcionamiento.
La Fiscalía sostiene que se entregaron motores usados y técnicamente incompatibles. Además, afirma que se aprovecharon condiciones de crisis energética en 2024. También se investiga la omisión de procesos de contratación pública. Según el expediente, las decisiones habrían favorecido a la empresa extranjera.
Testigos citados mencionan problemas en la recepción de equipos. Además, se reportaron unidades abiertas y otras aún embaladas durante inspecciones.
Reuniones y decisiones administrativas
La Fiscalía expuso una reunión en enero de 2025 con autoridades de energía y representantes de Progen. Allí se discutió la continuidad del proyecto. Según versiones del proceso, se analizaron multas que superaban los USD 2,1 millones. Además, se debatió la capacidad técnica de la empresa contratista.
En ese encuentro, se habría advertido la necesidad de modificar pagos del contrato. También se reportaron desacuerdos sobre la ejecución del proyecto. Posteriormente se firmó un contrato complementario que modificó condiciones de pago. Además, se dividió un anticipo del 70% en varios desembolsos.
Elementos presentados por la Fiscalía
El Ministerio Público señaló que funcionarios habrían participado en decisiones irregulares. Además, mencionó posibles conflictos en la administración del contrato. La Fiscalía también individualizó indicios contra exautoridades del sector energético. Entre ellos constan exgerentes y exviceministros vinculados al proceso.
El fiscal Leonardo Alarcón concluyó la jornada señalando posibles omisiones en el control estatal. Además, indicó que se analiza responsabilidad en la gestión de fondos públicos. El caso Apagón surge en medio de la crisis energética de 2024. Además, involucra contratos de emergencia para evitar cortes eléctricos prolongados. La investigación continúa en la CNJ con nuevas exposiciones de la Fiscalía. Asimismo, se prevé la resolución de medidas cautelares en la audiencia.
