La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó 25 elementos de convicción para solicitar que se llame a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente.
El caso se relaciona con el retiro del grillete electrónico que portaba como medida cautelar en el proceso Triple A. La fiscal Lisset Barragán Álvarez expuso los indicios durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se reinstaló la mañana de este lunes 29 de junio de 2026 en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón.
De acuerdo con diario El Universo, entre las pruebas presentadas figuran 33 alertas recurrentes registradas por el SNAI, pericias técnicas de audio y video, reconocimiento del lugar de los hechos, y una pericia al dispositivo que determinó la ausencia de un tornillo de seguridad.
Elementos clave del dictamen acusatorio
La Fiscalía también incluyó parte policial del allanamiento realizado el 10 de febrero de 2026, en el que se encontró al alcalde sin el dispositivo electrónico, además de versiones libres y voluntarias. Según el dictamen acusatorio, Aquiles Alvarez se habría retirado el grillete sin autorización judicial.
La jueza Karen Alarcón Macías suspendió la diligencia y convocó su continuación para este miércoles 1 de julio a las 08h10. En esa fecha intervendrá la defensa del alcalde, que presentará sus alegatos. Posteriormente, la magistrada emitirá la resolución correspondiente.
Argumentos de la defensa
La defensa de Aquiles Alvarez, encabezada por el abogado Julio César Cueva, rechazó la actuación de la jueza Karen Alarcón, alegando que continuó la diligencia pese a una recusación presentada en su contra.
Los abogados denunciaron vulneración al derecho a la defensa, pues consideraron que no contaban con acceso suficiente al expediente ni tiempo razonable para preparar su estrategia. La Defensoría Pública también advirtió la imposibilidad de avanzar en esas condiciones.
Además, la defensa alegó falta de competencia de la jueza Alarcón, quien despacha en reemplazo de la jueza Andrea Ordóñez Riera. La magistrada fue recusada en dos ocasiones y denunciada por presunto prevaricato. El 22 de junio, la jueza negó la recusación al considerar que no estaba fundamentada en derecho.
Este proceso se originó tras el allanamiento del 10 de febrero de 2026 en el marco del caso Goleada, por lavado de activos. Aquiles Alvarez cumple prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, tras ser trasladado desde Cotopaxi por razones de seguridad.
